El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha anunciado que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado la reelección, y ha avanzado que su formación pedirá la anulación de los comicios tras la polémica prórroga del horario de votación.
En una declaración pública tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los votos frente a su 48,21%, el representante del Partido Liberal (PL) ha calificado de «inaceptable» lo ocurrido durante la jornada electoral. Sus críticas se centran en la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, de ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público.
Bolsonaro ha acusado a Zanin –al que se ha referido como «exabogado de Lula»– de cambiar «las reglas del juego en medio del juego» y de «atropellar a la justicia electoral especializada» al tomar la decisión a las 17.01 horas (hora local), momento en el que debían cerrar los colegios. «Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados», ha denunciado el candidato.
En este sentido, el líder conservador ha asegurado que los interventores de su partido fueron «retirados de la sala cofre» (el centro de procesamiento de datos) a partir del momento en que se tomó la decisión judicial. «Es imposible reconocer los datos de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Vamos a emprender acciones legales y solicitar la anulación de estas elecciones», ha aseverado Bolsonaro, instando a sus seguidores a que «no desistan».
La extensión del horario de votación fue ordenada por el Supremo ante las denuncias por la falta de transporte para los electores, a petición principal de la campaña de Lula da Silva, si bien la propia candidatura de Bolsonaro también había solicitado previamente una ampliación, aunque limitada a cinco estados (Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul). La medida adoptada por Zanin obligó a paralizar el recuento inicial y se tomó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Electoral.
