Baní, Peravia. – La tala de árboles de varias décadas de antigüedad en el centro urbano de Baní, como parte de un proyecto de remozamiento valorado en RD$57 millones, ha generado indignación entre ambientalistas, juristas, comunicadores y residentes, quienes cuestionan la eliminación de estas especies y exigen explicaciones sobre las autorizaciones que permitieron la intervención.
Los árboles, entre ellos robles y mangos de gran tamaño, se encontraban en las inmediaciones de la Gobernación Provincial de Peravia, el edificio de Oficinas Gubernamentales y el Hospital Nuestra Señora de Regla, donde durante décadas proporcionaron sombra y contribuyeron a mejorar las condiciones ambientales del entorno.
La eliminación de estas especies ha provocado el rechazo de diferentes sectores de la sociedad banileja, que consideran que los trabajos representan una pérdida significativa para el patrimonio natural e histórico de la ciudad.
Ambientalistas y dirigentes comunitarios han calificado la intervención como un «auténtico ecocidio urbano», al entender que se eliminaron árboles de considerable valor ambiental sin que, según denuncian, se ofrecieran explicaciones técnicas suficientes para justificar la medida.
La situación ha generado numerosas reacciones en medios de comunicación locales y plataformas digitales, donde residentes han expresado preocupación por las consecuencias ambientales de la tala y la ausencia de información pública sobre los criterios utilizados para autorizarla.
De acuerdo con versiones atribuidas a sectores vinculados a las autoridades locales, la decisión habría estado motivada por el deterioro del concreto de las aceras y el envejecimiento de algunos árboles, argumentos que han sido cuestionados por los defensores del medioambiente.
Los comunitarios sostienen que las imágenes y videos de los trabajos no permiten apreciar daños que justifiquen la eliminación de la totalidad del arbolado intervenido, aunque consideran necesaria una evaluación especializada que determine las condiciones reales en que se encontraban las especies.
Entre sus argumentos destacan que los robles pueden alcanzar una vida prolongada, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales, por lo que consideran que la antigüedad de un árbol no constituye, por sí sola, una razón suficiente para eliminarlo.
Cuestionan ausencia de autorizaciones ambientales
Uno de los principales reclamos de los ambientalistas está relacionado con las autorizaciones que debieron respaldar los trabajos de tala y la participación de las instituciones responsables de proteger el patrimonio natural.
Representantes de organizaciones comunitarias sostienen que no se ha presentado públicamente documentación que permita comprobar si la intervención contó con los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Alcaldía de Baní.
Asimismo, cuestionaron que, pese a tratarse de árboles ubicados en una zona céntrica y de alto tránsito, no se ofrecieran explicaciones previas sobre los trabajos ni sobre las alternativas consideradas para preservar las especies.
Los activistas también criticaron que las autoridades ambientales y municipales no intervinieran públicamente durante la ejecución de la tala para explicar los procedimientos aplicados.
Para algunos dirigentes comunitarios, esta situación evidencia posibles deficiencias en los mecanismos de supervisión y coordinación institucional relacionados con las intervenciones urbanas.
La controversia aumentó luego de que una vocera de la Gobernación Provincial calificara la eliminación de los árboles como un «mal necesario», expresión que provocó nuevas críticas entre los sectores que rechazan la medida.
Los ambientalistas consideran que cualquier intervención relacionada con árboles de gran tamaño debe estar respaldada por evaluaciones técnicas que determinen su estado sanitario, estabilidad y posible impacto sobre las infraestructuras cercanas.
Ambientalistas advierten sobre impacto del calor y pérdida de sombra
La preocupación de los residentes también está relacionada con las condiciones climáticas de Baní, una ciudad caracterizada por temperaturas elevadas y períodos de escasas precipitaciones.
En ese contexto, los árboles eliminados representaban una importante fuente de sombra para las personas que diariamente transitaban por los alrededores de la Gobernación, las Oficinas Gubernamentales y el Hospital Nuestra Señora de Regla.
Los comunitarios señalaron que estas especies contribuían a reducir la exposición directa al sol, mejorar la calidad del aire y proporcionar espacios de descanso a envejecientes, estudiantes, trabajadores y usuarios del transporte público.
Un especialista en diseño y planificación urbana, que solicitó mantener su identidad en reserva, cuestionó que la presencia de árboles pueda considerarse un obstáculo para el mejoramiento arquitectónico de una ciudad.
A su juicio, los proyectos de renovación urbana deben integrar las áreas verdes existentes y procurar soluciones que permitan conservar la vegetación sin comprometer la funcionalidad de las edificaciones.
El experto sostuvo que la arquitectura contemporánea «no compite con la naturaleza, sino que la integra, la dignifica y la rodea de armonía», al destacar la importancia de combinar el desarrollo urbano con la protección ambiental.
Por su parte, el abogado y ambientalista Ramón Pol lamentó la eliminación de árboles que, según indicó, habían formado parte del paisaje de Baní durante varias generaciones.
“Una fachada puede remozarse e inaugurarse en cuestión de meses con un presupuesto millonario, pero un roble centenario tarda más de medio siglo en alcanzar su madurez y devolverle la frescura al entorno”, advirtió.
Pol consideró que el valor ambiental de estas especies debe ser tomado en cuenta al momento de planificar intervenciones en espacios públicos, especialmente en ciudades donde las altas temperaturas incrementan la necesidad de áreas verdes.
Exigen explicaciones sobre proyecto de RD$57 millones
Ante los cuestionamientos surgidos por la tala, diversos sectores de la sociedad civil solicitaron a la Gobernación Provincial, la Alcaldía de Baní y la Dirección Provincial de Medio Ambiente ofrecer explicaciones sobre los trabajos ejecutados.
Entre quienes respaldan este reclamo figura el comunicador local Daniel Lajara, junto con representantes comunitarios y defensores del medioambiente que consideran necesario transparentar los procedimientos utilizados.
Los reclamantes solicitaron la convocatoria de una rueda de prensa para dar a conocer los estudios técnicos, las autorizaciones ambientales y las decisiones administrativas relacionadas con la eliminación de los árboles.
Asimismo, pidieron identificar a los funcionarios o técnicos responsables de autorizar la intervención y explicar por qué no se contemplaron alternativas que permitieran conservar las especies dentro del diseño del proyecto de remozamiento.
Otra de las inquietudes se relaciona con la existencia de un plan de compensación ambiental que contemple la siembra de nuevos árboles y medidas destinadas a recuperar la cobertura vegetal perdida.
Los comunitarios también consideran necesario determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos para este tipo de trabajos y, en caso de comprobarse alguna irregularidad, establecer las responsabilidades correspondientes.
La controversia se produce en medio de las iniciativas gubernamentales de remozamiento de edificaciones públicas en distintas provincias del país, entre ellas Peravia, como parte de un programa dirigido a mejorar las condiciones de las instalaciones estatales.
Sin embargo, los sectores que cuestionan la tala entienden que la modernización de los edificios públicos debe desarrollarse de manera compatible con la preservación del patrimonio ambiental y los espacios verdes de la ciudad.
Mientras esperan respuestas de las instituciones competentes, ambientalistas y residentes insisten en que el desarrollo urbano de Baní no debe realizarse a expensas de árboles que durante décadas han contribuido al bienestar de la población.
