Santo Domingo. – Un informe del Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que organizaciones criminales que operan en Haití utilizan municiones que coinciden con las sustraídas de la Policía Nacional dominicana, en un caso que involucra el desvío de 908,001 proyectiles y que es investigado por las autoridades mediante la denominada Operación Pandora.
El documento, presentado al Comité del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, establece que durante inspecciones realizadas en 2026 a municiones incautadas en Puerto Príncipe, los investigadores identificaron materiales utilizados por la banda 400 Mawozo y otros grupos delictivos de Bel-Air que coincidían con las municiones desviadas de los depósitos policiales dominicanos.
La investigación internacional se relaciona con un hallazgo ocurrido en 2024, cuando las autoridades haitianas incautaron varias cajas que contenían aproximadamente 5,000 cartuchos calibre 5.56 × 45 milímetros en poder de grupos armados no estatales en Mirebalais, departamento del Centro de Haití.
Tras el decomiso, los expertos de Naciones Unidas notificaron a las autoridades dominicanas, que realizaron un inventario de sus depósitos y determinaron que habían desaparecido 908,001 unidades de municiones de diferentes calibres.
De acuerdo con los registros de la investigación, entre el material faltante figuraban más de 489,000 cartuchos calibre nueve milímetros, unos 230,000 de calibre 5.56 × 45 milímetros, otros 26,000 de calibre 7.62 × 39 milímetros y aproximadamente 93,000 cartuchos para escopetas calibre 12, además de otras municiones.
El Ministerio Público dominicano estableció que el material sustraído tenía un valor estimado de RD$92,191,732.92, lo que evidencia la magnitud económica del desvío de los recursos pertenecientes a la institución policial.
Los especialistas de la ONU señalaron que resulta difícil determinar con exactitud cuántas de las municiones sustraídas llegaron a territorio haitiano. Sin embargo, indicaron que expertos en seguridad dominicanos consideran probable que una parte considerable del material de determinados calibres fuera trasladada al vecino país.
Según el informe, esta posibilidad se relaciona con el limitado mercado dominicano de municiones calibre 5.56 × 45 y 7.62 × 39 milímetros, que se encuentran entre los calibres utilizados por organizaciones criminales haitianas.
Los hallazgos refuerzan las preocupaciones sobre las redes de tráfico ilegal de armas y municiones que operan entre República Dominicana y Haití, donde diferentes bandas mantienen el control de territorios y utilizan armamento de alto poder.
Operación Pandora permitió identificar presunta red de desvío de municiones
El caso comenzó a investigarse judicialmente en República Dominicana en noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora para desarticular una presunta estructura dedicada a sustraer y comercializar ilegalmente municiones y pertrechos de la Policía Nacional.
Entre los primeros detenidos figuró el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien se desempeñaba como encargado de la custodia de armas y municiones de la institución.
También fueron vinculados al expediente el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán Víctor Manuel Santos Rodríguez y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien ejercía funciones de armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Asimismo, las investigaciones involucraron al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, el raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio, conocido como Escobar, y Morelbin Medina Pérez, además de Miguelina Bello Segura.
De acuerdo con el Ministerio Público, los involucrados habrían participado en diferentes etapas de la presunta estructura, desde la sustracción del material hasta su comercialización clandestina.
Las autoridades investigadoras atribuyeron a la organización operaciones que habrían permitido la salida irregular de miles de proyectiles pertenecientes a la Policía Nacional, parte de los cuales presuntamente fueron comercializados con personas vinculadas al mercado ilegal de municiones.
Dos implicados han recibido condenas judiciales
Como parte de los avances del proceso judicial, Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, tras su vinculación con el caso.
La sentencia también dispuso la clausura definitiva de la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L., representada por el condenado, además del pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados.
Por otra parte, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión, luego de que admitiera su participación en la estructura dedicada a la sustracción y comercialización ilegal de municiones.
La decisión establece la suspensión de la mitad de la pena bajo determinadas condiciones, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria.
Durante el período de suspensión de la condena, la procesada deberá cumplir las disposiciones impuestas por el tribunal, entre ellas mantener un domicilio fijo, presentarse periódicamente ante las autoridades y abstenerse de salir del país sin autorización judicial.
La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo mediante el cual Bello Segura reconoció los hechos atribuidos por el Ministerio Público y manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones.
Otros policías enfrentarán juicio de fondo
Mientras continúan los procedimientos judiciales, fueron enviados a juicio de fondo el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el capitán Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A varios de los procesados les fue sustituida la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000, mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora.
Las medidas también incluyen impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Los imputados deberán responder ante los tribunales por las acusaciones formuladas en su contra, relacionadas con la presunta sustracción y comercialización ilegal de municiones pertenecientes a la Policía Nacional.
Mientras tanto, las revelaciones del Panel de Expertos de Naciones Unidas mantienen abierta una de las principales interrogantes del caso: cómo una cantidad tan significativa de municiones pudo salir de los depósitos de la institución policial y terminar presuntamente en manos de organizaciones criminales que operan en Haití.
El informe internacional y los procesos judiciales desarrollados en República Dominicana ponen de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de control, inventario y custodia del armamento y las municiones de los organismos de seguridad, así como de continuar las investigaciones para establecer todas las responsabilidades correspondientes.
