El magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía tomó la decisión de dejar en libertad al grupo, luego de imponer como medida de coerción el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos al alcalde; 500 mil pesos a la gerente financiera y 200 mil pesos al encargado de nóminas, así como la presentación periódica de seis meses e impedimento de salida del país.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger un pedimento presentado por la defensa de los imputados, encabezada por el ex procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, Pedro Balbuena, Ramón Emilio Núñez y Alberto Vásquez. El caso fue conocido por la Corte de Apelación debido a que el alcalde tiene jurisdicción privilegiada.
En su decisión, el juez declaró regular la orden de arresto dictada en contra de los funcionarios edilicios, por considerar que la misma fue emanada por una autoridad judicial competente.
El magistrado justificó la puesta en libertad al destacar que el alcalde Rodríguez Grullón y los demás implicados han mostrado un comportamiento durante el proceso de investigación y han mostrado que cuentan con arraigo social y familiar, garantizan que los mismos acudirán a los requerimientos que le hagan los tribunales.
