Santo Domingo. – Más de seis décadas después de que el Estado dominicano declarara de utilidad pública unos terrenos destinados al entonces Parque Central Metropolitano, parte de los cuales hoy forman el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, una reclamación por justiprecio ha culminado con una condena de RD$340.7 millones a favor de los herederos de la propietaria original.
Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado un recurso de revisión interpuesto por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), que buscaba anular una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esta sentencia había confirmado la indemnización establecida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Con esta decisión, se pone fin a uno de los litigios más significativos relacionados con terrenos ocupados por el Estado para la construcción del principal complejo deportivo del país.
Origen de la disputa
El conflicto se remonta al Decreto 1886, emitido el 17 de diciembre de 1964 por el gobierno del Triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral. Este decreto declaró de utilidad pública una parcela de 15,472.87 metros cuadrados que pertenecía a Nelly Elidia Pellerano de Ricart.
Los terrenos fueron incorporados al proyecto denominado Parque Central Metropolitano, que se desarrolló en los espacios que anteriormente ocupaba el aeropuerto General Andrews y donde posteriormente se construyó el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Según el expediente, el 22 de marzo de 1993, el Estado y la propietaria firmaron un contrato de permuta, en el cual se entregó un apartamento como parte de la compensación acordada. Sin embargo, el documento estipulaba que quedaba pendiente una diferencia económica que se saldaría cuando existieran disponibilidades presupuestarias. Este pago nunca se concretó.
Reclamación de los herederos
Ante la falta de cumplimiento, los sucesores de Pellerano de Ricart acudieron a los tribunales en 2021 para reclamar la fijación del justiprecio correspondiente a los terrenos ocupados por el Estado.
La controversia se centró en la valoración de los inmuebles. Mientras que una tasación privada presentada por los demandantes estimó el valor de los terrenos en RD$672 millones, los avalúos realizados por la Dirección General de Catastro Nacional los situaron en poco más de RD$9.2 millones.
Tras evaluar las pruebas aportadas por ambas partes, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fijó en noviembre de 2022 una compensación de RD$340,736,293.72, monto que tomó en consideración el apartamento entregado previamente por el Estado.
Recurso rechazado
La Dirección General de Bienes Nacionales intentó revertir la decisión argumentando que la indemnización carecía de sustento técnico y que los jueces habían ignorado elementos probatorios relevantes. Además, sostenía que la Suprema Corte de Justicia vulneró su derecho de acceso a la justicia al declarar inadmisible un recurso de casación por haber sido presentado fuera del plazo legal.
No obstante, el Tribunal Constitucional desestimó esos argumentos y concluyó que la Suprema actuó conforme a la normativa vigente al declarar inadmisible la casación. La alta corte recordó que la revisión constitucional no tiene como finalidad reexaminar la valoración de las pruebas ni sustituir el criterio de los tribunales ordinarios respecto al monto de las indemnizaciones.
Antecedente similar
Este no es el único litigio relacionado con terrenos ubicados dentro del Centro Olímpico. En 2023, el Tribunal Superior Administrativo también ordenó al Estado el pago de RD$472.8 millones a favor del empresario José Ramón Borrell Ponce por terrenos localizados en el área del Estadio Olímpico Félix Sánchez.
