Marlon Martínez, sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de la adolescente Emely Peguero, intimó al director general de Prisiones para que, en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la instancia, lo retorne a la Fortaleza Juana Núñez, de la provincia de Hermanas Mirabal.
La intimación fue hecha a Roberto Hernández Basilio por el sentenciado, a través de su abogado Ricardo Reyna Grisanty, alegando que su cliente guardaba prisión en el recinto carcelario hasta el primero de octubre pasado.
La defensa de Marlon Martínez alegó que su cliente fue trasladado de manera abusiva ese mismo día al centro de corrección y rehabilitación la isleta de Moca, “violentando los preceptos legales vigentes y el estado de derecho que a su juicio debe imperar en el país”.
Sostiene que su trasladado viola además la disposición de la sentencia que lo condenada a 30 años de prisión y la resolución de la medida de coerción que lo envió a prisión por el crimen de la adolescente Emely Peguero.
El abogado considera que a Marlon Martínez debe garantizársele la vida tal y como lo establecen las leyes, la Constitución y los acuerdos internacionales.
Aduce, sin embargo, que “al ser trasladado de manera arbitraria y sin hacer los procedimientos de rigor establecidos y por las leyes y la Constitución poniendo en riesgo la vida de Marlon Martínez coloca el director de prisiones al margen de la ley y del estado de derecho”.
Igualmente, el abogado dijo que comunicó de la situación a la embajada de los Estados Unidos, de la ilegalidad cometida porque supuestamente pone en riesgo la vida del ciudadano estadounidense Marlon Martínez.
Con relación al caso también fue condenada Marlín Martínez, la madre de Marlon Martínez, quien tras cumplir 2 años de prisión fue favorecida con un recurso de habeas corpus por un tribunal de San Francisco de Macorís.
Se recuerda que Marlín Martínez había sido condenada a cinco años de prisión, pero la Corte de Apelación de esa jurisdicción la redujo a 2 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida en casación por ante la Suprema Corte de Justicia, la cual está pendiente de fallo desde el 5 de febrero pasado.
