La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra el exalcalde de Las Terrenas, José Mercedes Martínez Emeterio, esposa Basilia Castillo Espinal y el extesorero Willis Alberto Vilorio Sarante, por supuesto desfalco de más 20 millones de pesos.
La directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, expresó que el grupo está acusado de cometer “crímenes de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, de asuntos incompatibles con el cargo, asociación de malhechores y abuso de confianza, hechos que se adecuan típicamente a los artículos 123, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266, del Código Penal dominicano, que tipifican los crímenes.
El informe de la Procuraduría indica que en el proceso de investigación realizado por la PEPCA se determinó que los funcionarios de ese cabildo incurrieron en irregularidades en el manejo de los fondos públicos que superan los 20 millones de pesos.
Dice que de acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas y las investigaciones del Ministerio Público durante el período 2006-2014 esa alcaldía incurrió en irregularidades en las compras a Ferretería FERRE-MAS, compañía informal propiedad de su esposa Basilia Castillo Espinal, con quien había contraído matrimonio por el régimen de comunidad de bienes en el año 2006.
Establece que el año 2013 el Ayuntamiento erogó 11 cheques a favor de Basilia Castillo y/o FERRE-MAS, por valor de 1 millón 25 mil 696 pesos con 32/100. Además, realizaba el pago de nóminas sin estar firmadas ni selladas.
Otras irregularidades en las que habría incurrido el alcalde está que el 73% de las obras analizadas durante el período 1º de enero al 31 de diciembre del año 2010, fueron sin contrato entre partes, es decir, sin ningún documento legal que permita verificar monto, cumplimiento de cláusulas, requisitos y penalidades por incumplimiento.
“Se pudo establecer también que el alcalde otorgó obras sin que se haya realizado un concurso público o de oposición, en franca violación de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose que era para favorecer a determinadas empresas” expresa la nota.
