La Procuraduría General de la República solicitó la suspensión de una resolución emitida por una jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, el pasado viernes, con el que otorga permiso a más de 50 reclusos, muchos de estos acusados de sicariato, violación a la ley de tráfico de drogas, homicidio agravado y violación sexual. “Todos, crímenes tipificados por el Código Penal Dominicano como graves”.
En un comunicado, la PGR informó que solicitó la inmediata suspensión de la Resolución contenida en el Auto No. 301-01-1289-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, mediante el cual la magistrada Katherine A. Rubio Matos, otorgó permisos especiales al grupo de imputados que guardan prisión en distintos centros penitenciarios del país.
La institución explicó en un comunicado de prensa, que la procuraduría de la corte del departamento judicial de San Cristóbal solicitó la suspensión inmediata al Juez de la Ejecución de la Pena de ese departamento judicial, en virtud de la no observancia de los requisitos previamente establecidos en el reglamento para otorgar permisos especiales a privados de libertad.
