SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas para coordinar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, reducir gastos duplicados y fortalecer la seguridad e interoperabilidad de los sistemas gubernamentales.
La iniciativa designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como responsable de evaluar, priorizar y supervisar técnicamente las contrataciones e inversiones digitales estratégicas, con el propósito de evitar soluciones aisladas y optimizar los recursos del Estado.
COORDINACIÓN Y COMPRAS TECNOLÓGICAS
La medida está contenida en el Decreto 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado y abarca sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y tecnologías emergentes.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la disposición representa un avance en la gobernanza tecnológica del país, al procurar eliminar la fragmentación del gasto y las inversiones independientes entre las entidades estatales.
“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada”, expresó Freund, al destacar que se busca mejorar los servicios digitales, garantizar su seguridad y proteger la soberanía estatal sobre los datos ciudadanos.
El reglamento establece que las entidades del Poder Ejecutivo deberán obtener una evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar determinadas adquisiciones de plataformas y soluciones digitales complejas. También contempla compras conjuntas para aprovechar economías de escala.
PROTECCIÓN DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La normativa crea una comisión técnica interinstitucional coordinada por el MAP, con representantes de organismos vinculados a la Presidencia, Hacienda y Economía, tecnología, contrataciones públicas y ciberseguridad.
Asimismo, declara de interés estratégico nacional la modernización de la infraestructura digital soberana, por su importancia para garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.
Las soluciones deberán permitir la interoperabilidad y portabilidad de los datos, así como la sustitución de sistemas sin generar dependencias técnicas o comerciales que limiten las decisiones del Estado. Por ello, se prohíben cláusulas que restrinjan el control estatal sobre sus activos de datos.
Los sistemas de automatización avanzada deberán incorporar supervisión humana, trazabilidad y transparencia para proteger los derechos fundamentales.
La disposición mantiene vigentes las obligaciones legales sobre contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y responsabilidad fiscal.
