La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), junto al Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc) y otras organizaciones de La Caleta, exigen al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos donde residen cientos de familias.
Consideran de alta prioridad que el gobernante proceda a la entrega de títulos de propiedad, al tiempo que reclaman el cese de los desalojos que califican “de abusivos”.
El reclamo de los comunitarios fue hecho durante una protesta realizada en la marginal de Las Américas, donde aseguraron que numerosas familias llevan entre 30 y 60 años ocupando esos terrenos.
Denunciaron que en los últimos tiempos se han comenzado a realizar desalojos en sectores de La Caleta y Valiente, perjudicando a humildes familias de la zona a pesar de los años que llevan residiendo en el entorno.
Recordaron que entregarles los títulos de propiedad es una promesa hecha por el presidente Luis Abinader a los residentes en esas comunidades durante los últimos procesos electorales.
Wilton Soto, miembro de Codonbosco, sostuvo que los operativos de desalojo presuntamente son realizados con la participación de personas ajenas a las autoridades, quienes, según denunció, destruyen viviendas y pertenencias de los residentes. También pidió que el Gobierno declare de utilidad pública las parcelas para garantizar la permanencia de las familias que las ocupan desde hace décadas.
“Le pedimos al Presidente que venga en auxilio de cada uno de nosotros y declare de utilidad pública estas parcelas. No vamos a detener esta lucha hasta que se resuelva este problema”, expresó.
Mabel Pérez, presidenta de la Junta de Vecinos Vista Alegre Segundo, afirmó que varias organizaciones comunitarias se unieron para solicitar una solución definitiva al conflicto por la tenencia de los terrenos.
“Lo único que queremos es progresar. Lo que estamos exigiendo es que nos den una titulación y se declare de utilidad pública”, manifestó.
Por su parte, Raquel Eusebio, presidenta de la Junta de Vecinos Los Federal, denunció que su madre, quien lleva 40 años residiendo en la comunidad, sufrió un quebranto de salud luego de que personas acudieran a medir el terreno donde vive, alegando representar a una supuesta propietaria que vive en Estados Unidos. Además, aseguró que las familias no han recibido respuesta de las autoridades y reiteró que continuarán reclamando el cese de los desalojos y la entrega de títulos.
Las organizaciones reiteraron que permanecerán en protesta hasta que el Gobierno atienda sus reclamos y adopte una solución.
Marchas masivas
También anunciaron que este lunes 19 hasta el miércoles 22 estarán realizando marchas masivas en las principales vías públicas de esa localidad hasta lograr una reacción por parte del Gobierno.
Denuncian intento de cerrar calles públicas
Otros comunitarios también denuncian el presunto intento de cerrar calles que, según afirmaron, son de uso público.
Domitilio Solís aseguró que una persona que reclama la propiedad de los terrenos pretende bloquear vías de acceso utilizadas por los residentes desde hace años, por lo que pidió la intervención de las autoridades.
Juan Montero sostuvo que el cierre de esas calles afectaría tanto a los residentes como a quienes transitan por la zona. Aunque dijo respaldar que los procesos de desalojo se realicen conforme a la ley, rechazó que se impida el libre tránsito por vías que, según afirmó, pertenecen al dominio público.
En tanto, José Montero señaló que la comunidad lleva alrededor de 30 años asentada en el lugar y aseguró que durante ese tiempo se han presentado numerosas personas reclamando la propiedad de los terrenos. Por su lado, Enicelia Beltré respaldó las demandas de los comunitarios y pidió la intervención de las autoridades para evitar el cierre de las calles.
