Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de integrar una presunta red que organizaba matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en situación migratoria irregular, con el propósito de obtener fraudulentamente beneficios migratorios en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales divulgados por la Fiscalía federal de Massachusetts, Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, habría dirigido el negocio durante más de 10 años, período en el que presuntamente obtuvo millones de dólares mediante la organización de matrimonios fraudulentos.
El esquema funcionaba mediante el cobro de entre 38,000 y 40,000 dólares a cada cliente extranjero. Con ese dinero, González pagaba a ciudadanos estadounidenses para que contrajeran matrimonio con los inmigrantes y participaran en la preparación de documentos destinados a aparentar que las uniones eran legítimas.
La operación presuntamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, lo que habría permitido a su responsable generar cientos de miles de dólares anuales.
Junto a González fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26. Los cinco primeros, con excepción de Hill, residen en Fall River, salvo Tavares, quien vive en Attleboro. Hill cumple actualmente una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Matrimonios fraudulentos y su funcionamiento
Según la investigación, González captaba a los clientes extranjeros y les explicaba cómo construir una apariencia de matrimonio auténtico para presentar solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Entre las instrucciones que presuntamente les daba figuraban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomarse fotografías juntos, al estilo de las parejas casadas.
Los participantes también se fotografiaban durante las ceremonias de boda y en salidas sociales con sus cónyuges asignados, con el objetivo de utilizar esas imágenes como supuestas pruebas de una relación genuina.
La mujer habría indicado a los clientes que necesitaba entre tres y cuatro meses para reunir la documentación necesaria antes de presentar las solicitudes migratorias. Además, les exigía firmar contratos para formalizar el pago de sus servicios.
- En uno de los episodios documentados durante la investigación, González fue grabada mientras dirigía la impresión y firma de un contrato presentado como un préstamo y recibía un adelanto de 3,000 dólares en efectivo para organizar un matrimonio fraudulento.
Según los documentos judiciales, explicó al testigo cooperante que el contrato evitaba mencionar al futuro cónyuge porque incluirlo sería incriminatorio y que había diseñado los documentos para ocultar el propósito real del acuerdo.
El sistema también contemplaba pagos recurrentes. Los clientes presuntamente entregaban 500 dólares mensuales a sus cónyuges asignados o a personas cercanas a estos para mantener el acuerdo fraudulento.
Ciudadanos estadounidenses involucrados
La acusación sostiene que González pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill para que contrajeran uno o varios matrimonios falsos con los clientes extranjeros. Pugh, también ciudadana estadounidense, habría desempeñado las funciones de secretaria del negocio.
La participación de los ciudadanos estadounidenses permitía que los inmigrantes presentaran peticiones y documentos ante las autoridades federales como si estuvieran casados legítimamente con ciudadanos del país.
Durante la investigación, González presuntamente habló sobre las dificultades que enfrentaban los inmigrantes bajo las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump. También describió a Massachusetts como un estado favorable para los extranjeros por sus políticas de protección y acceso a determinados servicios.
En grabaciones de audio y video citadas en los documentos judiciales, la mujer habría afirmado que el estado era uno de los mejores lugares para los inmigrantes y que su Gobierno los defendía.
Inversiones y fraude a programas sociales
Los documentos judiciales también señalan que González habría utilizado parte de las ganancias del negocio para adquirir propiedades y realizar inversiones empresariales en República Dominicana, país al que se refería repetidamente como «su país».
Además, varios de los acusados presuntamente proporcionaron información falsa en solicitudes de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), al declarar que nunca se habían casado, pese a presentar peticiones migratorias federales en nombre de sus cónyuges.
La investigación sostiene que González gastó más de 120,000 dólares recibidos en beneficios de SNAP mientras presuntamente dirigía la red de matrimonios fraudulentos y adquiría propiedades en República Dominicana.
Cargos y posibles condenas
Los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergamiento de extranjeros, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
Los cargos relacionados con el albergamiento de extranjeros contemplan penas de hasta 10 años de prisión, mientras que los relacionados con fraude matrimonial conllevan hasta cinco años de cárcel. Cada uno de estos delitos también puede implicar multas de hasta 250,000 dólares, además de períodos de libertad supervisada.
La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía federal de Massachusetts, con la participación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, entre otras agencias federales.
Las acusaciones constituyen alegaciones de la Fiscalía. Los seis imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
