Las cámaras legislativas iniciarán los trabajos de la segunda legislatura del año con decenas de proyectos de ley importantes pendientes de aprobación y que son demandados por los distintos sectores de la sociedad.Al término de la pasada legislatura la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo enumeró 30 proyectos que debieron ser aprobados en lo inmediato, pero solo dos fueron aprobadas en la última sesión: la que regula el Porte y Tenencia de Armas de Fuego y la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior.
Entre los proyectos pendientes figuran el de ley de partidos y agrupaciones políticas, ley de garantías electorales, código penal, ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y ley de agua.
La mayoría de esos proyectos tienen años de haber sido sometidos en ambas cámaras sin que los legisladores hayan podido aprobarlos, a pesar de su interés general.
El Poder Ejecutivo se reunió en el 2015 y 2016 en dos ocasiones con la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, y con el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, con el propósito de priorizar varios proyectos.
Proyectos de ley prioritarios
El proyecto de ley de partidos políticos que reposa en el Congreso tiene como objeto regular el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos y agrupaciones políticas o formar parte de ellos.
También establece las normas que regirán la constitución, reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia y sanciones de los partidos y agrupaciones políticas. En su artículo 53 el proyecto precisa que los ingresos de los partidos y agrupaciones políticas se limitarán al financiamiento público y a otros ingresos previstos por la ley.
Asimismo, prohíbe establecer acuerdos que disminuyan o repartan el período de gestión de los funcionarios electos.
El proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, propuesta del diputado Tobías Crespo, es otra pieza importante, que busca analizar algunas distorsiones y conflictos que pudiera tener con otras normas.
Uno de los aportes principales del proyecto de ley es que implica una reforma institucional que involucra la unificación de diversas instituciones que intervienen en la planificación, organización y regulación del sector transporte.
