El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para relajar los límites a la actividad política de iglesias y otras organizaciones religiosas y eximir a algunas empresas de ofrecer cobertura anticonceptiva a sus empleados si se oponen a ello por motivos de fe.
Rodeado de sacerdotes, monjas y representantes de grupos religiosos en una ceremonia en la Casa Blanca, Trump dio un primer paso para que las organizaciones de fe que están exentas de impuestos puedan expresar su apoyo a candidatos políticos o participar en actividades partidistas.
“Nadie debería censurar sermones o perseguir a pastores”, afirmó Trump en la ceremonia.
La orden se deriva de una promesa que hizo Trump como candidato presidencial y que reiteró en febrero pasado, cuando dijo que “destruiría completamente” una enmienda de ley de 1954 sobre la participación política de los grupos religiosos.
Esa medida, conocida como Enmienda Johnson, establece que las organizaciones religiosas y otras exentas de impuestos en EE.UU. no están autorizadas a hacer campaña a favor o en contra de candidatos a cargos políticos, y si lo hacen se arriesgan a perder ese beneficio tributario.
Trump no puede derogar unilateralmente esa medida, imbricada en el código fiscal del país y que solo puede ser revocada por completo si el Congreso lo decide.
Lo que hace su orden ejecutiva es instruir al Departamento del Tesoro, del que depende el Servicio Interno de Rentas (IRS, Hacienda) a “no tomar ninguna medida contra cualquier individuo, templo de fe u otra organización religiosa” que “hablen sobre temas morales o políticos desde una perspectiva religiosa”.
Por tanto, siempre que lo permita la ley, el IRS no deberá “imponer ninguna pena impositiva, retrasar o denegar el estatus de exención de impuestos” o tomar medidas similares, según la orden.
“Ningún estadounidense debería tener que elegir entre los dictados del Gobierno federal y la doctrina de su fe”, sentenció Trump antes de firmar el decreto.
La medida es más suave que el borrador inicialmente considerado por la Casa Blanca, que según los informes de prensa, incluía una cláusula que habría permitido a los contratistas del Gobierno federal tratar de forma discriminatoria a empleados homosexuales o madres solteras, alegando que actuaban con base en su fe.
Pero eso no ha evitado que algunos grupos reprueben la medida de Trump, y la organización independiente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció en un comunicado que combatirá el decreto en los tribunales, como también hizo con la orden del mandatario sobre inmigrantes y refugiados, ahora suspendida.
“Las acciones tomadas hoy son un ataque al compromiso de nuestro país con la separación de iglesia y Estado”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, y aseguró que su organización presentará hoy mismo una demanda contra el decreto.
