Después de la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, el tribunal dispuso este viernes un receso de una semana en el juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el derrumbe en Santo Domingo en 2025 en la discoteca Jet Set, que causó 236 muertes y decenas de heridos.
Tal y como estableció el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la audiencia se retomará el próximo viernes 25 de septiembre a las 09:00 de la mañana.
A la salida del tribunal, el abogado Luis Custodio declaró a los medios que en el proceso se sigue “comprobando que los dueños del Jet Set tenían conocimiento previo de lo que sucedía”.
“Era una normalidad (para ellos) saber que en el techo se rompían los plafones, saber que llovía siempre más adentro que afuera”, aseguró.
En las pruebas presentadas este viernes se pudo establecer que Maribel le dijo a su hermano que estaba “todo desbaratado”, en referencia al estado de la discoteca antes de ocurrir el derrumbe, porque tras días sin llover y sin encender el aire acondicionado seguía cayendo agua en el interior del local nocturno, indicó Custodio.
“La dimensión de lo que ocurría allí estaba más que clara en la mente de todos ellos”, aseguró.
EL DERRUMBE
El colapso del techo de la discoteca se produjo en la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras centenares de personas asistían a una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien murió en el siniestro junto con uno de los músicos de su orquesta.
Entre las víctimas también estuvieron el exlanzador dominicano de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y actual ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
Había también entre los fallecidos dieciocho venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.
La madre de Nelsy Cruz, la gobernadora de Montecristi que falleció en la tragedia, pidió que los propietarios sean procesados por homicidio voluntario, en lugar de la actual tipificación de homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.
Los propietarios de la discoteca tenían conocimiento de que “había problemas” y, sin embargo, “no resolvían nada”, aseguró.
En la audiencia de la semana pasada, tres peritos del Ministerio Público coincidieron en que el colapso del techo de la discoteca se produjo por una sobrecarga de la estructura.
Según explicaron los peritos, el techo fue sometido a un peso superior al que podía soportar debido a la instalación progresiva de diferentes elementos, entre ellos capas de fino, tinacos de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces. EF
