A través de la serie de reportajes “Explotación de menores”, publicada en las páginas de LISTÍN DIARIO desde el 8 al 13 de mayo de este año, se pudo evidenciar la magnitud de ese delito en el país y los pocos recursos con los que cuentan las autoridades correspondientes para enfrentarlo.
La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas faculta a diferentes instituciones para enfrentar esos delitos, pero la poca coordinación que hay entre ellas provoca que el trabajo sea ineficaz y que los casos sean más recurrentes.
Las instituciones involucradas son el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
También el Ministerio de la Mujer, Despacho de la Primera Dama, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Policía Turística, Dirección General de Migración, Marina de Guerra y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia.
De acuerdo con las autoridades que fueron consultadas, uno de los principales problemas que dificulta enfrentar los delitos de trata y tráfico de menores de edad es que los familiares de las víctimas aprueban que los menores se vayan con cualquier persona a cambio de dinero o buscan asegurarle el futuro entregándolo a un mayor, sin saber que están violando las leyes.
Los principales casos se dan en las zonas turísticas del país, donde las personas aprovechan la vulnerabilidad de las familias que viven en esos lugares y les ofrecen dinero a cambio del o la menor.
El trabajo ilegal de trata y tráfico de menores de edad para explotarlos sexualmente se realiza en cadena, varias personas participan y cada una de ellas tiene una misión que cumplir, siendo la primera identificar familias de escasos recursos.
En el segundo paso que realizan los delincuentes, que es el proceso de captación de menores de edad, los infractores de las leyes en muchas ocasiones adiestran a otro infante para que capte a los demás, hasta llegar a la explotación.
Zonas de abusos
Sosúa, Boca Chica, Puerto Plata, Santo Domingo y Punta Cana son las zonas del país donde más casos se han registrado de menores que han sido explotados sexualmente.
Pequeños barrios de Puerto Plata se han convertido en los más visitados por tratantes y traficantes de menores, quienes se trasladan a esos lugares empobrecidos para captar infantes y persuadirlos.
Los casos de las niñas Miguelina y Martha (nombres ficticios) son dos de los que han ocurrido en Puerto Plata.
En esas ocasiones, los infractores no persuadieron a sus víctimas, sino que permanecieron días observando a las infantes y luego otras menores fueron adiestradas para que convencieran a las demás.
Las familias de las menores contaron a LISTÍN DIARIO los testimonios del proceso de búsqueda hasta encontrarlas.
¿Qué están haciendo las autoridades al respecto?
En los últimos cuatro años, 177 casos de explotación sexual han sido judicializados, lográndose condenas solo en 33 de ellos: cinco extranjeros y 28 dominicanos.
El personal con que cuenta la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas resulta insuficiente.
“La cantidad de personas que tenemos nunca será suficiente, y esto es básicamente por un factor cultural en República Dominicana, porque a veces se acepta que una mujer trabaje en un bar prostituyéndose, y cuando una niña de 13 años sale embarazada en un barrio, ya no es una menor para las personas, sino una mujer, lo que dificulta la situación”, dijo el entonces encargado de esa unidad, Jonathan Baró Gutiérrez.
El problema también empeora porque muchas de las menores que salen embarazadas son rechazadas por sus familiares, situación que las lleva a dejar la escuela y a elegir trabajar en burdeles para conseguir con qué alimentarse, lo que provoca que caigan en drogas y enfermedades como VIH y sífilis.
El tráfico de ilegales también se ha vuelto normal en el país.
