SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) señaló que a diez años de la reforma procesal penal, los principales escollos para ese proceso son el cuestionamiento a la independencia de los jueces, la descoordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, el hacinamiento penitenciario, así como el bajo presupuesto y salarios para el Poder Judicial.
En un análisis del sistema de justicia penal, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños, manifestó que a pesar de los grandes avances que se han verificado en el renglón de la independencia judicial, persiste la percepción social de que los tribunales aún no son completamente independientes.
Citó que se ha determinado que “las redes de clientelismo y patronazgo conectan a los tribunales y a su personal con los políticos y con la maquinaria de los partidos. Además, los nombramientos suelen basarse en la afiliación y la lealtad políticas, y no en las cualificaciones y la formación”.
Castaños resaltó que recientes estudios realizados muestran que en el período 2000-2013, de las 94 denuncias de corrupción realizadas, sólo 8 habían concluido en condena contra los imputados.
Descrédito policial
El organismo de la sociedad civil argumentó que una reforma del sistema penal no es factible, si no va acompañada también de una reforma de la Policía Nacional.
Castaños sostuvo que estudios realizados evidencian que más de un 50% de la población, de los diferentes estratos de la sociedad dominicana, afirma que agentes policiales están involucrados en la actividad criminal.
“Esto afecta significativamente la cantidad de denuncias presentadas (promoviendo la impunidad), y socava la legitimidad de las labores de investigación y persecución del crimen”, apuntó.
Para la Finjus, la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional provoca la debilidad de las acusaciones ante el sistema de justicia penal, dando como resultado que la mayoría de los casos no sobrepasen la fase de la instrucción, así como una acumulación de otros tantos expedientes con un mayor nivel de complejidad que quedan sin resolver, lo que a su entender perjudica de esta manera gravemente la eficacia y eficiencia con que se castigan los hechos punibles.
Castaños argumentó que la Ley 194-04 indica que al Poder Judicial y al Ministerio Público se les debe asignar por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y que estos se dividirán en un 2.6% y un 1.44% respectivamente.
Subrayó que al Poder Judicial, desde el 2010 hasta el 2013, se le ha venido asignando un presupuesto de 1.55%, 1.28%, 1.19% y 1.27% respectivamente. A la Procuraduría, desde el año 2012 se le ha asignado un 0.83%, 0.87% y 1.32%.
Deploró que las bajas asignaciones presupuestarias se extienden también a los demás actores del sistema, como la Policía Nacional y la Defensa Pública, la cual entre el 2010 y el 2014, el porcentaje aprobado respecto al monto solicitado ha sido un 51.59%.
