El presidente de Brasil, Michel Temer, decidió ayer sustituir al actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, por el titular de la cartera de Transparencia, Torquato Jardim, en medio de la crisis política que ha puesto contra las cuerdas al mandatario por sospechas de corrupción.
El cambio fue confirmado a Efe por fuentes de la Presidencia de Brasil, que no especificaron si Serraglio tendrá un nuevo puesto o abandonará por completo el Ejecutivo.
Serraglio, un abogado con casi dos décadas de vida parlamentaria y afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, fue designado como ministro de Justicia por el propio jefe de Estado en febrero pasado.
Esas mismas fuentes tampoco especificaron los motivos del cambio, pero el diario O Globo apunta que se debe a que Serraglio “está en la mira de las investigaciones de la operación ‘Carne Fraca’ (Carne Débil)”, que destapó en marzo una mafia de productores que sobornaba a fiscales sanitarios para vender carnes en mal estado o adulteradas.
Como ministro de Justicia, Torquato Jardim tendrá bajo su dirección a la Policía Federal, que junto con el Ministerio Público y el Supremo está al frente de las investigaciones anticorrupción.
En una entrevista con Efe el pasado marzo, Jardim manifestó que las numerosas tramas corruptas destapadas en Brasil no se tratan de métodos que hayan sido “inventados” o “exportados” por el país, sino de “un problema de la naturaleza humana”, que debe ser combatido local y globalmente.
El cambio se produce en medio de la peor crisis que vive el Gobierno de Temer desde que ocupa el poder en mayo del año pasado, provocada por los testimonios a la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS ya que implicaron directamente al mandatario en un grave escándalo de corrupción.
Los ejecutivos del grupo JBS acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010, aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos y revelaron además haber pagado sobornos a 1.829 políticos de 28 partidos diferentes a cambios de “favores” para la compañía.
Con base en eso, la Corte Suprema abrió una investigación contra el jefe de Estado por supuesta corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
