Baní, Peravia. – La tala de robles y árboles de mango en las inmediaciones de la Gobernación Provincial y otras oficinas públicas ha provocado el rechazo de ambientalistas, estudiantes, sindicatos de motoconchistas y residentes, quienes reclaman esclarecer las responsabilidades por el daño ambiental.
Los trabajos forman parte de un proyecto de remodelación de instalaciones gubernamentales valorado en RD$57 millones. Según especialistas consultados, algunos de los árboles tenían más de 84 años y proporcionaban sombra en pleno centro urbano.
En el lugar permanece un letrero de Bienes Nacionales con las imágenes del presidente Luis Abinader y del director de esa institución, Rafael Burgos Gómez. También identifica a la contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, representada por el ingeniero Saúl Calderón Hernández.
Fulcar cuestiona la tala
El senador por Peravia, Julito Fulcar, expresó su respaldo a los ciudadanos que han cuestionado la eliminación de los árboles.
“No es necesario hacer una tala de árboles tan indiscriminada”, manifestó en declaraciones recogidas por un medio de circulación nacional.
El legislador sostuvo que debió valorarse la importancia ambiental de los ejemplares y aseguró que la gobernadora Yadira Báez “no tuvo nada que ver con esa decisión”.
Según su versión, la empresa contratista ejecutó la tala de manera sorpresiva durante un fin de semana.
“Cuando vinimos a darnos cuenta, los árboles ya estaban cortados”, afirmó. Agregó que corresponde trabajar con la compañía para resarcir el daño mediante la siembra de nuevas plantas.
Cuestionan supervisión de la obra
Las explicaciones del senador no han disipado los reclamos sobre la supervisión de los trabajos y las autorizaciones necesarias para ejecutarlos.
La Alcaldía de Baní, encabezada por Santo Ramírez, denunció que la intervención se realizó sin los permisos municipales correspondientes.
Abogados ambientalistas, arbolistas e ingenieros agrónomos consultados por un medio de circulación nacional señalaron que debe distinguirse entre quienes ejecutaron materialmente la tala y las autoridades responsables de supervisar la obra.
Los especialistas plantearon la necesidad de determinar qué instituciones debían verificar las autorizaciones, inspeccionar los trabajos y actuar para impedir daños ambientales.
Piden esclarecer responsabilidades
Los sectores que rechazan la tala consideran insuficiente la propuesta de sustituir los árboles y solicitan que se investigue lo ocurrido conforme a la normativa ambiental.
Según la información suministrada, hasta el momento no se habían anunciado querellas, multas ni sanciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco se había informado sobre el destino de los troncos retirados.
Los reclamantes pidieron investigar a la empresa contratista, determinar posibles responsabilidades administrativas y penales y establecer si hubo omisión o negligencia de funcionarios.
Asimismo, exigieron la publicación del expediente técnico de la remodelación y de las autorizaciones ambientales y municipales correspondientes.
