SANTO DOMINGO. Debido al incremento de la delincuencia, la tecnificación del crimen organizado y el sicariato, fue sometido ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que procura que se coloquen detectores de armas de fuego, objetos cortantes y explosivos en todas las instituciones públicas y privadas del país.
La iniciativa propuesta por la diputada María Glotirde Gallard establece que es preciso garantizar la seguridad de las personas que asistan o permanezcan en universidades, escuelas, bancos comerciales, metros, teleféricos, estadios de deportes, fiestas, conciertos, espectáculos, fiscalías, hospitales, cárceles, centros de diversión y otras instituciones donde hay grandes aglomeraciones de personas.
Precisa que la colocación de los arcos detectores de metales de armas de fuego y blancas se hará de forma gradual, según el presupuesto de cada institución, comenzando por aquellas que tienen más aglomeración de personas, hasta culminar con todas las instituciones públicas y las principales organizaciones privadas. “Las instituciones que realizan espectáculos, conciertos, fiestas, actividades deportivas, culturales, entre otras actividades de forma esporádica donde se aglomeren personas deberán instalar obligatoriamente arco detector de metales para la entrada y salida”, aduce el artículo 3 párrafo 2 de la propuesta.
Refiere además que los empresarios deberán demostrar y presentar en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas, las documentaciones necesarias que avalen ser propietarios y los altos niveles de visitas para poder importar los arcos detectores de metales.
De igual modo, plantea que el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional se encargaran de la inspección de las instituciones donde se aglomeren grandes cantidades de personas, así como el examen de la instalación de los arcos detector de metales en las diferentes instituciones públicas y privadas.
“A partir de la promulgación y publicación de esta Ley las empresas que compren los arcos detectores de metales en el extranjero tendrán dos años de gracia para la importación, no pagarán tributos, gravámenes o derechos de aduana”, destaca el documento.
El proyecto fue remitido ayer a estudio de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
