El mecanismo de mayoría calificada que requiere el Tribunal Constitucional para aprobar una sentencia, en ocasiones se ha constituido en un escollo que ha impedido que los expedientes sean fallados con la celeridad que aspiran los ciudadanos, principalmente cuando conciernen a temas espinosos o conflictivos, como el migratorio, la soberanía nacional y ciertos asuntos políticos.
La Constitución manda a que las sentencias del Tribunal Constitucional sean aprobadas con el voto favorable de al menos 9 de sus 13 jueces, lo que se denomina mayoría calificada, por lo que en las sesiones deliberativas del pleno se debe cumplir con ese requisito, porque de lo contrario no pasa y tiene que volver a ser presentado en otra oportunidad.
Al parecer esto es lo que ha ocurrido con el acuerdo de pre-autorización en el transporte aéreo que firmaron en el 2016 los gobiernos de la República Dominicana y de Estados Unidos, el cual estableció un procedimiento de pre chequeo en el transporte aéreo por parte de funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en un área del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Se supo que ese acuerdo, que fue sometido hace 4 años a revisión del Constitucional por el entonces presidente Danilo Medina, ha sido presentado varias veces para ser decidido, pero ha tenido que ser retirado de la mesa porque no se reúnen los votos suficientes para emitir una sentencia.
La Carta Magna otorgó facultad al Tribunal Constitucional para ejercer el control preventivo de los tratados internacionales antes de que sean ratificados por el Congreso Nacional, por lo cual deben ser sometidos a revisión por el Presidente de la República.
Firmar tratados o convenciones internacionales es una atribución que la Constitución le concede al primer mandatario, pero para que sean válidos y puedan obligar al país, deben ser sometidos a las cámaras legislativas. Esto debe producirse después que el Tribunal Constitucional lo examina para determinar si su contenido viola o no disposiciones constitucionales.
El TC ha validado decenas de convenios internacionales suscritos por la República Dominicana con varios países y organismos internacionales, pero ha anulado algunos por inconstitucional, específicamente por afectar la soberanía nacional.
