El primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, criticó a República Dominicana por tratar de poner en práctica una “escandalosa e inaceptable” política migratoria que implica la deportación de personas de ascendencia haitiana.
En declaraciones a la prensa durante la última jornada de la cumbre que la Comunidad del Caribe (Caricom) celebra estos días en Barbados, Anthony no quiso pronunciarse sobre la posición conjunta de la organización territorial en esta materia.
Sin embargo, enfatizó que Santa Lucía “permanece totalmente en contra” de esta política dominicana.
“No creo que República Dominicana entienda la profundidad de los sentimientos, la decepción de los líderes del Caribe en esta materia”, dijo, tras advertir que este “muy bien podría ser un punto de inflexión en la relación entre la región” y ese país.
Explicó que durante la reciente reunión del Foro del Caribe (Cariforum) en Bruselas se avanzó en “ciertas iniciativas” a este respecto, pero mostró su “decepción personal” al comprobar que República Dominicana no había avanzado en ellas.
“No hay tema que vaya a condicionar tanto la futura relación entre Caricom y República Dominicana -que había solicitado integrarse en esta organización regional- como este problema, porque todos nos sentimos muy fuertemente vinculados”, explicó.
“Es un asunto muy serio. Sólo pude hablar en nombre de Santa Lucía, pero siento un profundo sentimiento de indignación y decepción”, dijo, porque es “inconcebible” que un Gobierno pueda cometer tal “abuso de los derechos humanos de individuos que sólo buscan la protección de la ley “, dijo.
En este mismo foro, el viernes Michel Martelly, presidente de Haití -que sí pertenece a Caricom-, pidió una solución pacífica a esta situación, que definió como una “crisis humanitaria debido a que no estamos hablando de haitianos, sino seguramente de dominicanos que van a ser expulsados de su país.
El pasado 17 de junio finalizó el plazo para que los indocumentados que viven en República Dominicana, la mayoría haitianos, se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que, tras finalizar el plazo para acogerse al plan de regularización, no solo se lleven a cabo deportaciones masivas en República Dominicana, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
Este plan y la ley especial de naturalización, que venció el 1 de febrero, surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en septiembre de 2013.
Al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros se acogieron 288.466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8.755 lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.
