Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez son dos provincias que, junto a La Vega, completan el llamado “triángulo minero” de República Dominicana.
Además de la inversión estatal, estas provincias reciben recursos derivados de la explotación de minerales.
Entre 2015 y 2025, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez recibieron RD$2,699 millones 999 mil procedentes de esta actividad. En teoría, dichos fondos son administrados por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar).
La distribución de esos recursos se rige principalmente por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00, que establece que los municipios donde se extraen recursos no renovables deben recibir el 5 % de los beneficios netos generados por las empresas mineras.
De acuerdo con ese marco legal, el proceso debería comenzar cuando la empresa calcula ese porcentaje de sus ganancias anuales y lo deposita directamente en la cuenta del consejo provincial encargado de administrar los fondos.
Posteriormente, ese organismo tiene la responsabilidad de distribuir los recursos entre los ayuntamientos y juntas distritales según las proporciones fijadas por la ley que rige esta entidad.
Con los montos ya asignados, los gobiernos locales deben invertirlos exclusivamente en proyectos de desarrollo y obras públicas dentro de las comunidades impactadas por la minería.
RECORRIDO
No obstante, en la práctica administrativa el recorrido del dinero sigue un camino distinto. El proceso inicia con el pago de impuestos por parte de las empresas mineras, entre ellos el Impuesto sobre la Renta y la Participación de Utilidades Netas, realizados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Tras ese pago, los recursos ingresan a la Tesorería Nacional y pasan a formar parte de la cuenta única del Estado bajo la administración del Ministerio de Hacienda.
En ese punto, el monto que finalmente reciben las provincias mineras no se determina automáticamente por el porcentaje establecido en las leyes, sino que depende de la asignación aprobada cada año por el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto General del Estado.
Luego, el Gobierno central realiza las transferencias a los consejos provinciales, generalmente mediante el Ministerio de Energía y Minas. Una vez recibidos los recursos, estos organismos proceden a desembolsarlos a los ayuntamientos, siempre que presenten proyectos previamente aprobados para su ejecución en las comunidades.
Sobre este particular, Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), indica a Listín Diario que existe desconocimiento sobre el verdadero objetivo de ese 5 %.
Recuerda que la demanda fue impulsada por monseñor Juan Antonio Flores Santana, tras un acuerdo con el entonces presidente Joaquín Balaguer. El experto argumenta que el dinero no estaba destinado a municipios o provincias, sino directamente a comunidades campesinas afectadas por la minería.
“El objetivo del cinco por ciento no era entregarlo al municipio ni a la provincia, era directamente a las comunidades, específicamente campesinas, y que ellos pudieran decidir en qué lo quisieran gastar”, asevera Vargas.
Asimismo, adujo que no se desarrolló una estructura institucional sólida para administrar estos recursos y que el fondo fue manejado sin contar con una infraestructura adecuada. Aun así, sostiene que el reclamo continúa vigente. Además, afirma que ese 5 % corresponde a los beneficios que recibe el Estado, no a los de la empresa minera.
La realidad es que, antes de que iniciaran las extracciones actuales, ya se había creado una estructura para los ingresos que generarían las empresas mineras en esta provincia, según el exdiputado Cristian Paredes.
Aprobada en 2005, la Ley No. 91-05 que crea el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez (Fomisar) fue concebida entre finales de 2003 y principios de 2004.
“Cuando todavía aquí (provincia Sánchez Ramírez) no existía la explotación minera, o sea, todavía los contratos no se habían aprobado; ya nosotros estábamos preparando la plataforma para que, una vez entraran esos recursos, nosotros tuviéramos cómo se iban a manejar”, narra el exlegislador Paredes, quien representó a la provincia ante la Cámara de Diputados durante 18 años ininterrumpidos y además propuso la creación de este ente.
Fomisar es la encargada de administrar los fondos que recibe la provincia, provenientes del contrato especial pactado entre el Estado dominicano y la empresa minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), así como también de la aplicación de lo estipulado en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Aunque existen diferentes canteras y depósitos diseminados en los municipios de Cotuí, Cevicos, Fantino y Villa La Mata para la extracción de rocas calizas, arena y mármol, la principal en la provincia Sánchez Ramírez es la mina de oro de Barrick Pueblo Viejo.
Tan solo de esta, en los últimos 10 años, Fomisar debió recibir alrededor de 14,982 millones 349 mil pesos. Pero Fomisar ha entregado unos 2,699 millones entre 2015 y 2025, dejando una deuda estimada de más de 12 mil millones a los 15 beneficiarios de estos fondos.
Estimación de las ganancias de Barrick (según impuestos declarados a la DGII) en contraste con lo entregado a Fomisar entre 2015 y 2025.
Sin tener en cuenta aspectos como la inflación, esto equivale a casi el doble de lo invertido en la construcción del teleférico de Santiago (alrededor de RD$6,544,000,000, según registros periodísticos).
“Es el Estado Dominicano quien ha secuestrado el dinero”, dice Rafael Eugenio Robles, docente e investigador de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), quien en reiteradas ocasiones ha denunciado a través de publicaciones en medios nacionales que los montos no están siendo entregados íntegramente a la provincia.
Independientemente de los ingresos que generen las empresas mineras, Fomisar asigna un monto fijo que viene determinado anualmente en el Presupuesto General de la Nación y no el 5 % de los beneficios netos generados que les corresponde por ley.
De acuerdo a Arquímides Matías Viloria, presidente de la entidad desde 2020, esto se debe a que así está establecido en el último contrato firmado por el Estado Dominicano con la corporación.
El documento, disponible en la memoria histórica del Senado de la República y en los archivos del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, establece que los únicos pagos que PVDC realizará al Estado por el Proyecto son el Retorno Neto de Fundición (RNF), el Impuesto sobre la Renta, la Participación sobre Utilidades Netas (PUN) y el Impuesto Mínimo Anual (IMA); montos que son pagaderos en dólares a la DGII.
“El procedimiento es el correcto, son los montos los incorrectos”, insiste Robles, este cotuisano preocupado porque “el Estado dominicano devuelve el supuesto aporte que le corresponde a la provincia a través del presupuesto nacional y en el presupuesto nacional viene un monto fijo”.
Sin embargo, Matías explica durante una visita de periodistas de este medio a las oficinas de Fomisar que “el presidente de la República desde su llegada se comprometió a que quería cumplir con la ley e iba a ir subiendo ese porcentaje”.
En una década, de RD$50,000,000 el monto ha aumentado a RD$450,000,000; no obstante, fue a partir de 2023 que el incremento fue constante. Para este año, Fomisar espera recibir “50 más para que sean 500 millones de pesos”. Pero estas entregas no han sobrepasado el 2 % de lo que se estima ha ganado anualmente la Barrick a partir de sus declaraciones del ISR.
Sobre qué ha pasado con los miles de millones que Sánchez Ramírez está pendiente de recibir, Matías argumenta que “hay que estar conscientes de que con esos recursos mineros es que el Estado suple necesidades del país”.
Asimismo, reconoce que “si aquí nos dieran el 5 % como manda la ley, la provincia no necesitaría la intervención del gobierno, porque los recursos fueran más que suficientes para cubrir las necesidades”.
¿QUÉ SE HACE CON EL DINERO?
La ley distribuye el monto anual en porcentajes para 15 beneficiarios a los que alcanza el impacto de la extracción minera.
Los fondos son “desembolsados solamente para la ejecución de programas y proyectos oportunamente formulados, incluidos en el Plan Operativo Anual aprobado por la Asamblea, adjudicados bajo licitación u otra modalidad establecida en el reglamento 266-09”, explica Matías.
