SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este miércoles la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa sobre el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados vinculados a una presunta trama de corrupción en la institución.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene a su cargo el control de las investigaciones, fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana. La vista había sido aplazada la semana pasada con el propósito de dar oportunidad al abogado de Hazim, doctor Miguel Valerio, de gestionar un nuevo presupuesto que respalde una eventual solicitud de variación de la medida.
IMPUTADOS QUE SERÁN EVALUADOS
Durante la audiencia, el juez determinará la situación procesal de Santiago Hazim, así como de Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
La revisión responde a la decisión emitida previamente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que dispuso prisión preventiva contra los imputados y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, municipio Santo Domingo Este.
Por otro lado, permanecen bajo arresto domiciliario Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella.
EL PRESUNTO ENTRAMADO
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura criminal habría sido liderada por Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Según el órgano acusador, el esquema operaba a través de un «comité operativo» paralelo que centralizaba decisiones estratégicas al margen de los canales institucionales de Senasa, mecanismo que permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los requisitos legales del sistema público de salud.
El Ministerio Público sostiene que el fraude se articuló mediante la adulteración de documentos, la introducción de reclamaciones falsas y la autorización de pagos a través de facturación simulada. Asimismo, se habría negociado la habilitación de prestadores de salud a cambio de pagos ilícitos, recurriendo al uso de empresas de carpeta y a la triangulación bancaria para ocultar el origen de los fondos presuntamente desviados de las Reservas Técnicas del asegurador estatal.
El grupo enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa que, según las autoridades, habría defraudado al Estado dominicano por un monto superior a los 15,900 millones de pesos.
