SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, sobreseyó el conocimiento de la solicitud de levantamiento de las oposiciones a numerosos bienes de la empresa Inmobiliaria Rofi, cuyo accionista principal es el senador Félix Bautista.
El magistrado adoptó la decisión, luego de ser recusado por la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), representada por su presidente Yuniol Ramírez Ferreras, quien alegó que supuestamente es miembro activo del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Antes de suspender el proceso, el juez aclaró que desde que entró a la carrera del Ministerio Público, en el 2009, remitió una carta al secretario general del PLD, solicitándole retirarlo del padrón por la incompatibilidad de sus funciones con la política.
Dispuso enviar el expediente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, a los fines de que apodere al Pleno para conocer de la recusación.
“Yo no voy a negar que fui miembro del PLD, negarlo es un absurdo, por mucho tiempo, pero todos saben que yo fui miembro del Ministerio Público por muchos años”.
El magistrado observó que el Ministerio Público también tiene sus normas, entre ellas la Ley Orgánica que establece restricciones.
Expone que cuando fue incorporado a la carrera del MP, informó la situación a la Secretaría General del PLD. Admitió que en el Congreso del 2005 fue electo miembro del Comité Central de esa organización política, donde todos los miembros de esa época figuran en la lista, entre ellos fallecidos.
Citó los casos del que fuera cónsul en Miami, Javier González y Cheché Luna.
“No sé por qué razón el PLD cuando hace un Congreso, hasta que no hace un Congreso extraordinario, aparentemente no retira al que fue electo”.
Sin embargo, el magistrado observó que la respuesta a la recusación debe darla el Pleno de la SCJ.
La audiencia comenzó poco después de las 9:00 a.m., cuando el juez dio la palabra a las partes para que expongan sus calidades.
El Ministerio Público estuvo compuesto por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Laura Guerrero, el procurador general adjunto, Carlos Castillo, Narciso Escaño y Pelagio Alcántara.
Mientras que la defensa fue representada por los abogados Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Ramón Emilio Núñez.
El Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas Contra la Corrupción, por la ex fiscal Josefina Juan viuda Pichardo y Remberto Pichardo Juan.
Propósito
El propósito es que conozca, como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual es accionista, así como de terceros adquirientes”.
