Santo Domingo. – El reciente anuncio sobre el inicio de un proceso gradual de normalización de las relaciones diplomáticas y consulares entre República Dominicana y Venezuela no solo implica la reapertura de embajadas y consulados, sino que también refleja un cambio profundo en el panorama político venezolano y en la correlación de fuerzas internacionales que rodean a Caracas.
Contexto de la ruptura
Cuando Santo Domingo rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones de 2024, el escenario era completamente diferente. El presidente Luis Abinader cuestionó la legitimidad del proceso electoral y, junto a otros gobiernos democráticos, exigió la publicación de las actas de votación. En respuesta, Caracas retiró su personal diplomático y suspendió los servicios consulares.
Escalada de tensión
La confrontación alcanzó un tono inusualmente áspero. El entonces ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, lanzó ataques verbales contra Abinader, a quien descalificó como “lacayo” de Washington, acusándolo de actuar bajo instrucciones de Estados Unidos. Este intercambio de descalificaciones personales cerró cualquier posibilidad de diálogo.
La tensión se intensificó cuando República Dominicana autorizó la salida hacia Estados Unidos de aeronaves oficiales venezolanas que estaban retenidas en su territorio. Caracas denunció esta medida como una confiscación ilegal y una subordinación a la política de sanciones de Washington, mientras que Santo Domingo defendió su acción como un cumplimiento de obligaciones jurídicas internacionales.
Inversiones y presencia chavista
En paralelo, existía una fuente de incomodidad silenciosa: la notable presencia en República Dominicana de empresarios y figuras vinculadas al chavismo, quienes han realizado inversiones inmobiliarias en proyectos de lujo, especialmente en Cap Cana. Algunas de estas personas han sido objeto de investigaciones o sanciones internacionales, aunque las autoridades dominicanas nunca restringieron la propiedad de esos inmuebles.
Una de estas propiedades fue utilizada por la hoy encarcelada en Nueva York, Cilia Flores, exprimera dama venezolana, mientras que la propiedad real se atribuye a su esposo, el también encarcelado Nicolás Maduro.
Un nuevo escenario político
Sin embargo, el escenario regional cambió drásticamente tras la salida de Maduro del poder y la llegada de Delcy Rodríguez al frente del gobierno interino venezolano, bajo un esquema de transición respaldado por la administración del presidente Donald Trump.
Este cambio alteró la lógica de las relaciones internacionales. Washington pasó de una estrategia de confrontación absoluta a una de negociación condicionada con las nuevas autoridades venezolanas. Trump mantuvo conversaciones directas con Rodríguez, autorizó la reapertura del espacio aéreo para vuelos comerciales y comenzó un proceso de flexibilización gradual de las restricciones económicas y de transporte.
Implicaciones prácticas de la normalización
Este nuevo contexto permite que países como República Dominicana restablezcan relaciones institucionales sin que esto implique necesariamente un respaldo político pleno al proceso interno venezolano. La normalización anunciada tiene, además, un componente eminentemente práctico. Miles de venezolanos residentes en República Dominicana y dominicanos con vínculos familiares o comerciales con Venezuela han enfrentado enormes dificultades para renovar pasaportes, registrar nacimientos, legalizar documentos o tramitar visas durante los últimos dos años.
Conectividad aérea y turismo
Uno de los efectos más esperados es la reanudación de la conectividad aérea. Aunque el comunicado conjunto no menciona explícitamente los vuelos comerciales, el restablecimiento de los servicios consulares suele ser un paso previo para que las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas reactiven las rutas suspendidas. La recuperación de las conexiones entre Caracas y Santo Domingo impactaría directamente en el turismo, los negocios y la movilidad de miles de personas.
Desafíos persistentes
A pesar de estos avances, persisten interrogantes significativas. Venezuela continúa inmersa en un complejo proceso de transición política, mientras que siguen abiertas investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos y corrupción cometidas durante el período anterior. La reconstrucción institucional del país aún está lejos de completarse.
Por lo tanto, el comunicado conjunto no implica que hayan desaparecido las diferencias políticas entre ambos gobiernos. Más bien, representa el reconocimiento de una nueva realidad regional: con Maduro fuera del poder, Rodríguez como interlocutora de Washington y Estados Unidos impulsando una estrategia distinta hacia Caracas, el aislamiento diplomático ha dejado de responder a la nueva correlación de fuerzas.
República Dominicana ha decidido adaptarse a este nuevo escenario sin renunciar, al menos formalmente, a los principios democráticos que motivaron la ruptura inicial.
