El Gobierno haitiano denunció ayer , en términos inusualmente duros, las “deportaciones masivas” de haitianos desde la República Dominicana, “que no son solo violaciones de derechos fundamentales, sino además contrarias a las leyes internacionales”, en palabras de su embajador ante la ONU, Antonio Rodrigue, ante el Consejo de Seguridad.
El Consejo celebraba una de sus sesiones trimestrales sobre Haití, que sirvió una vez más para constatar la lentitud del proceso político de transición en el país y el deterioro de la seguridad, pero en esa ocasión sirvió de escenario para un rifirrafe diplomático entre haitianos y dominicanos.
En el primer semestre del año, según la Dirección General de Migración de República Dominicana, se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Pero la cifra aumentó exponencialmente en octubre: en los veinte días transcurridos, se han deportado a 27.352 personas al país vecino. El presidente Luis Abinader ha prometido deportar a 10.000 por semana.
El embajador Rodrigue llegó a pedir “solidaridad internacional para poner fin a estas graves violaciones a los derechos humanos, que azuzan la tensión e impiden las relaciones pacíficas entre las dos naciones”, tras asegurar que las deportaciones, criticadas por la ONU, son contrarias a los acuerdos firmados entre los dos países.
Al embajador haitiano le respondió el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en términos no menos contundentes: “Mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir”, zanjó.
Y abundó en la idea de que la República Dominicana no ha causado los problemas de Haití: “La crisis rampante en Haití es responsabilidad de Haití, agravada por la falta de apoyo de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca fuimos la causa de sus problemas humanitarios, económicos o de seguridad, pese a que seguimos teniendo que lidiar con esta crisis durante décadas, casi en solitario”, recordó.
La República Dominicana ha optado por estar presente a nivel ministerial en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a Haití precisamente para llamar la atención a la carga que el país debe asumir como único país con frontera terrestre con Haití, con los consiguientes flujos migratorios que no cesan por la crisis casi crónica del país.
Álvarez ejemplificó con cifras la presión de la inmigración vecina: según él, 147.000 niños haitianos ocupan un pupitre en las escuelas del país, y el 16 % de beneficiarios del sistema público de salud son haitianos. “Hay límites”, concluyó.
