El procurador general, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el desarme de la población civil y del portador ilegal, es una necesidad impostergable para poder reducir los altos índices de criminalidad en el país, para lo cual urgió la aprobación de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Arma de Fuegos.
Dijo que no se puede continuar fomentando una cultura donde portar un arma de fuego es sinónimo de “prestigio” o de poder, porque eso es lo que ha provocado que el año pasado y en lo que va de este, el 90% de los policías y militares muertos de manera violenta en las calles, sea para robarles su arma de reglamento; y es también la causa de más del 70% de las muertes ocurridas en los últimos cinco años.
