El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de «alarmantes» las denuncias de ciudadanos, hogares y comercios sobre aumentos desmedidos en las facturas de electricidad y cuestionó las explicaciones sobre el particular ofrecidas por las empresas distribuidoras de electricidad.
Exigió que se haga una auditoría técnica e independiente de los procesos de medición y facturación de las tres distribuidoras, con el propósito de transparentar los cobros, determinar posibles fallas y establecer responsabilidades cuando corresponda.
La posición de la organización opositora fue expuesta en una rueda de prensa en su local principal, en la que sirvió de vocero Rubén Bichara, quien es un exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Estuvieron además los dirigentes Iván Lorenzo, vicepresidente del PLD; Richard Medina, miembro del Comité Político; Martín Matos, secretario de Energía y Minas; Radhamés del Carmen, del Comité Central; los diputados Óscar Morel, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados; Charlie Mariotti Paz, así como varios subsecretarios de la organización.
CUESTIONA EXPLICACIÓN BASADA EN EL CALOR
Aunque el PLD reconoció que el verano de 2026 ha registrado temperaturas excepcionalmente elevadas y niveles récord de demanda eléctrica, consideró insuficiente atribuir los aumentos de las facturas únicamente a las condiciones climáticas.
Sseñaló tres aspectos que, a su juicio, deben ser investigados con profundidad: la facturación estimada, la sustitución y calibración de medidores y las deficiencias en los procesos comerciales de las distribuidoras.
Sostuvo que las quejas no constituyen una percepción exclusiva de la oposición sino que están respaldadas, según afirmó, por estadísticas oficiales.
ADVIERTE SOBRE ACUMULACIÓN DE RECLAMACIONES
El PLD también alertó sobre lo que describió como un deterioro en la capacidad de respuesta del sistema de atención a los usuarios.
Según la organización, al cierre de junio de 2026 permanecían pendientes de decisión 30,079 reclamaciones, cifra que supone un aumento del 187 % frente a los 10,472 casos pendientes registrados en igual período de 2019.
Reclamó una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las tres EDE, con la participación de universidades y colegios profesionales.
