A pesar de que la comisión que investigó la venta de terrenos en Los Tres Brazos remitió su informe al Ministerio Público para que determine si hay responsabilidad penal de los actores públicos y privados que actuaron en esa operación, y de que dirigentes comunitarios y abogados plantean la destitución del director de CORDE, Leoncio Almánzar, la decisión está en manos del presidente Danilo Medina.
Los resultados de la investigación que alegadamente arrojan operaciones cuestionables, violatoria a la Constitución, de perjuicio al Estado, de procedimiento interno irregular por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y de subvaluación del valor de la propiedad, han hecho surgir voces que claman por la destitución de Almánzar y su sometimiento a la justicia.
Uno de los argumentos es que la propia comisión informó que el valor real de los terrenos vendidos a Titulatex no es de RD$80,000,000, sino de RD$688,042,586.
Milclades Geraldo, dirigente del “Comité de Lucha por la Defensa de Nuestras Viviendas Los Tres Brazos”, tras valorar el informe como positivo para la comunidad, porque confirma que la venta de Los Tres Brazos se hizo mediante un contrato ilegal, consideró que hubo asociación de malhechores para engañar a la comunidad y al Estado.
“Por eso creemos que, primero que el director de CORDE debe ser destituido, y debe ser sometido a la justicia por este hecho”.
En similar sentido opina el abogado Cándido Simón, quien considera que si la comisión del Gobierno concluyó en que esa fue una venta irregular, la Constitución dice que los funcionarios públicos comprometen su responsabilidad personal y patrimonial.
“Si al determinar la falta cometida, primero, palabra llana, manda una destitución ya; segundo una investigación para determinar si él comprometió su responsabilidad, si lo hizo a conciencia, la Constitución de la República, la Ley de Función Pública, y hasta la Ley 107 sobre relación de particulares con la administración, mandan a que el Estado pueda perfectamente demandarlo a él por los daños generados”.
Sin embargo, el también abogado y propietario de terrenos en Los Tres Brazos, Juan María Castillo, afirma que eso no es tema del Ministerio Público, porque es puramente civil.
“Se trata de un contrato que si va a pedir su nulidad, tendrá que ir a los tribunales civiles o a la jurisdicción inmobiliaria, no a la jurisdicción penal, a no ser que ellos pudieran probar que hubo de una asociación de malhechores para perjudicar al Estado, cosa que es muy difícil”.
Indicó que la comisión estuvo prejuiciada, con un informe contradictorio, aéreo, que no resiste análisis jurídico, y calificó el informe como “populismo jurídico, basado en la bulla del momento sin pensar en las consecuencias jurídicas”.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que el presidente quiere que se respete el derecho de las familias de Los Tres Brazos, y que es él que decide si hay sometimiento.
