Santiago. – Los permisos ambientales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de los tramos A y C de la Autopista del Ámbar establecen una serie de obligaciones destinadas a proteger las fuentes de agua, los bosques y otros recursos naturales en las zonas intervenidas.
Las autorizaciones, identificadas con los números 5459-26 y 5460-26, correspondientes a octubre de 2026, fueron concedidas luego de que el Comité Técnico de Evaluación emitiera sus recomendaciones mediante el Acta 43-2026, del 21 de octubre.
El primer permiso corresponde a un corredor de 8.1 kilómetros entre Santiago y La Cumbre, desde la Circunvalación Norte hasta el inicio del túnel 1, donde se conecta con el tramo B.
El segundo autoriza la construcción de 9.5 kilómetros en la zona comprendida entre Puerto Plata y Yásica, hasta su conexión con la carretera Puerto Plata-Sosúa.
El tramo B, donde se proyecta la construcción de un túnel, no está incluido en las dos autorizaciones ambientales examinadas.
Ambos segmentos forman parte de la conexión vial proyectada entre Santiago y la costa norte. Sin embargo, sus permisos establecen condiciones específicas de acuerdo con las características ambientales de los territorios que atravesarán.
Características de la carretera
Los tramos A y C contemplan la construcción de un corredor vial de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, con un ancho de vía de 20.80 metros y carriles de 3.5 metros.
El tramo A tendrá una longitud de 8.1 kilómetros, mientras que el C abarcará 9.5 kilómetros. Ambos contarán con pavimento asfáltico en dos capas de cinco centímetros, una base de 25 centímetros y una subbase de 30 centímetros, además de sistemas de drenaje, señalización y seguridad vial.
Las obras incluyen distribuidores de tráfico, pasos a desnivel, paseos laterales de 0.3 y 2.5 metros en cada sentido, muros de hormigón tipo New Jersey para separar los flujos vehiculares, barandas metálicas en los extremos exteriores y retornos operacionales.
En el tramo A se construirán dos pasos inferiores y uno superior, mientras que el tramo C tendrá dos pasos superiores, uno inferior, un puente sobre el río Camú y una estación de peaje.
Esta última ocupará un área de 20,180 metros cuadrados y dispondrá de diez carriles, cinco de ida y cinco de regreso, con un ancho total de 57 metros y una longitud de 340 metros. La infraestructura contará, además, con un pórtico metálico de cubierta.
Tramo C atravesará parte de un área protegida
Uno de los aspectos de mayor relevancia ambiental del permiso correspondiente al tramo C es que reconoce que el 14 % de su trazado incide sobre el área protegida Vía Panorámica Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata.
Ante esta circunstancia, el Ministerio de Medio Ambiente condicionó la ejecución de los trabajos al cumplimiento de la Resolución 09-2018, que establece los objetivos de manejo y los usos permitidos para las áreas de categoría VI, así como de las disposiciones de la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.
El documento también dispone una franja obligatoria de protección de 30 metros en ambas márgenes de ríos, arroyos y cañadas, así como alrededor de lagos, lagunas y embalses, conforme al artículo 129 de la Ley 64-00.
Entre las fuentes hídricas identificadas en este tramo figuran los ríos Camú y Limonal, así como los arroyos El Mamey y Los Muertos.
El MOPC deberá preservar la vegetación ribereña y adoptar las medidas necesarias para evitar que las actividades de construcción afecten estos cuerpos de agua.
La autorización contempla un puente de 100 metros sobre el río Camú, una de las principales estructuras del tramo C, por lo que la protección de los recursos hídricos constituye una obligación expresa del proyecto.
Protección de fuentes de agua y compensación forestal
En el tramo A, que se desarrolla entre Santiago y La Cumbre, el permiso identifica como ecosistemas que requieren protección el arroyo Viejo, el arroyo Guasumal y el río Licey Prieto, además de otras fuentes hídricas ubicadas en el área de influencia directa.
Obras Públicas deberá preservar la vegetación de sus márgenes, impedir que los residuos de construcción, sedimentos y posibles derrames de hidrocarburos contaminen las corrientes de agua y garantizar que las estructuras de drenaje mantengan su flujo natural.
Las disposiciones también establecen obligaciones relacionadas con la vegetación que pudiera resultar afectada por los trabajos.
En ambos tramos se exige la contratación de un regente forestal acreditado por Medio Ambiente, quien tendrá la responsabilidad de elaborar, dirigir y supervisar en el terreno el plan de desbroce.
Los permisos identifican especies como cedro, caoba y cabirma santa, que deberán preservarse o trasplantarse a áreas circundantes cuando resulte técnicamente viable.
En el tramo C también se mencionan la palma real y el amacey, entre las especies consideradas en las disposiciones de protección de la flora.
Para el tramo A se establece, además, la elaboración y ejecución de un plan de compensación forestal que contemple la reposición de los árboles removidos o desplazados mediante la siembra de especies nativas o propias del ecosistema.
La cantidad de ejemplares y los criterios técnicos deberán ser determinados y aprobados por los viceministerios correspondientes.
El permiso también exige el mantenimiento y seguimiento de los árboles plantados para comprobar su establecimiento y supervivencia, así como la ejecución de actividades de restauración ecológica en las áreas intervenidas.
Fianzas ambientales y reportes cada seis meses
Las autorizaciones establecen garantías económicas para respaldar el cumplimiento de los programas ambientales durante la ejecución de las obras.
En el tramo A, Obras Públicas deberá mantener una fianza de cumplimiento de RD$280,000 a favor del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que para el tramo C el monto asciende a RD$335,000.
Ambas garantías están destinadas a respaldar la ejecución de los respectivos Programas de Manejo y Adecuación Ambiental y deberán permanecer vigentes durante el período de validez de los permisos.
Otro compromiso establecido en los documentos es la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental cada seis meses durante la fase de construcción.
Estos informes deberán recoger los resultados de la ejecución de los programas ambientales y servirán de base para evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
La falta de presentación de los reportes dentro de los plazos establecidos constituye una causa que puede dar lugar a la cancelación de las autorizaciones. Asimismo, la renovación de los permisos estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
En el tramo A, el programa de monitoreo deberá incluir, como mínimo, el seguimiento de la calidad del aire, los niveles de ruido, el funcionamiento del sistema de drenaje y el manejo de residuos.
Restricciones durante la construcción
Las disposiciones ambientales contemplan medidas para reducir los efectos de los trabajos sobre las comunidades y los ecosistemas cercanos a la infraestructura.
Entre ellas figuran la delimitación estricta de las áreas autorizadas para intervenir, la estabilización de taludes, la instalación de barreras para contener sedimentos y drenajes provisionales, así como el uso de sistemas que eviten derrames de combustibles, grasas y aceites.
Obras Públicas deberá retirar los escombros mediante mecanismos autorizados, utilizar mallas de protección, señalizar las entradas y salidas de las zonas de construcción y rociar agua periódicamente para reducir la dispersión de polvo.
También tendrá que garantizar que los campamentos temporales cuenten con sistemas adecuados de abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales y disposición de desechos, además de restaurar ambientalmente los espacios ocupados una vez concluidos los trabajos.
En el caso del tramo A, se establece expresamente que los materiales de construcción deberán proceder de empresas autorizadas por Medio Ambiente.
De igual manera, los materiales sobrantes de las excavaciones deberán depositarse en lugares adecuados, bajo criterios de control de escorrentías y sedimentos.
MOPC deberá responder por los posibles daños ambientales
Los dos permisos tienen una vigencia de cinco años, condicionada al cumplimiento de las disposiciones ambientales y de los respectivos programas de manejo.
El Ministerio de Medio Ambiente conservará la responsabilidad de supervisar las condiciones establecidas y realizar inspecciones y auditorías para verificar su cumplimiento.
Por su parte, el MOPC deberá asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan por los daños ocasionados al medioambiente y los recursos naturales durante la ejecución del proyecto.
Las autorizaciones tampoco permiten incorporar libremente nuevas obras ni modificar los diseños aprobados.
Cualquier ampliación, traslado, cambio de tecnología o incorporación sustancial de componentes deberá someterse nuevamente al proceso de evaluación ambiental.
Asimismo, los permisos otorgados no sustituyen otras autorizaciones sectoriales que sean necesarias para desarrollar los trabajos.
Las consecuencias de posibles incumplimientos pueden incluir la revocación de los permisos, la aplicación de sanciones, la demolición de obras e instalaciones construidas y el cierre de actividades de construcción u operación, según las disposiciones de cada autorización.
En el caso del tramo C, el documento contempla expresamente que el incumplimiento de cualquiera de sus condiciones puede dar lugar a la revocación inmediata del permiso, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.
De esta manera, las autorizaciones ambientales establecen obligaciones de prevención, mitigación, compensación y seguimiento que deberán cumplirse durante la construcción de los tramos aprobados de la Autopista del Ámbar.
La vigilancia de su ejecución será determinante para comprobar si el desarrollo de esta infraestructura vial se realiza conforme a las condiciones ambientales establecidas.





