El número de presos preventivos se ha mantenido elevado y se incrementa conforme aumenta la cantidad de privados de libertad. En el 2018 representan el 63.9 por ciento de la población penitenciaria del país distribuidos en 41 centros de reclusión.
Un reporte de la Dirección General de Prisiones, correspondiente al 19 de enero del 2018, muestra que de 26,183 privados de libertad, 17.176 están en calidad de preventivos, lo cual significa que su proceso penal no ha concluido y que aún esperan que un juez determine su culpabilidad o inocencia.
Mientras, solamente 9,723, equivalente al 36.1 por ciento, son que los que cuentan con una sentencia condenatoria.
Hasta agosto del 2015, en los recintos penitenciarios estaban recluidos 24,719 personas, 14,543 en condición preventiva, equivalente al 58.8%.
La preocupación por la cantidad de presos en condición preventiva fue lo que motivó la resolución número 5/18, que emitió el Consejo del Poder Judicial el 19 de febrero de este año, la cual dispone la instalación de 12 furgones móviles en centros penitenciarios para el funcionamiento de tribunales, como parte de un proceso de descongestionamiento de los recintos carcelarios.
Esta medida representará un gasto adicional para el sistema de justicia, debido a que además del alquiler de los furgones, la resolución autoriza el pago de una compensación a los jueces de paz que serán designados para conocer los casos y a las secretarias auxiliares que participan.
Los jueces de paz recibirán una compensación ascendente a 30,000 pesos mensuales y las secretarias auxiliares 10,000 pesos cada mes.
