En el país hay una banda de alguaciles que con grupos de personas particulares hacen embargos express, porque no existía una ley regulatoria para evitar esas acciones.
Así se argumenta en el proyecto que Regula el Otorgamiento de la Fuerza Pública para llevar a cabo las Medidas Conservatorias y Ejecutorias (embargos), que fue convertido en ley este jueves por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, autoría de los diputados Henry Modesto Merán y Demóstenes Martínez, y que está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, tiene como objeto asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que los asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo los embargos.
En el mismo se pondera, además, que es una buena ley que el sector económico y la clase jurídica dominicana lo está esperando. Según la ley, el ministerial requerido tendrá que hacerse acompañar de la fuerza pública previamente autorizada, y del juez de paz del lugar de la ejecución. También que la autorización de la fuerza pública será requerida mediante instancia dirigida al juez presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del lugar de la ejecución o el que haya sido designado por este, conforme lo dispone el artículo 3 de esta ley.
Autorización.
El juez competente en un plazo no mayor de quince días hábiles, autorizará el auxilio de la fuerza pública.
Avance.
“Este es un proyecto de ley que no es el ideal, es el posible”, dijo Radhamés Camacho.
