MANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, de forma unánime y en primera legislatura, una reforma parcial constitucional que excluye de la participación electoral a los considerados «traidores a la patria» o «golpistas» y amplía el mandato presidencial de seis a siete años.
«Se aprueba en forma unánime en lo general (la reforma)», anunció el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, según reportó el diario La Prensa. La reforma entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.
El texto, leído por los diputados, otorga potestad al Consejo Supremo Electoral para retirar la personería jurídica a partidos políticos financiados por Estados Unidos y excluye de la contienda electoral a quienes sean calificados como «traidores a la patria» o «golpistas».
El documento establece la ampliación del mandato de seis a siete años prorrogables para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa.
La aprobación se produce meses después de que el presidente Daniel Ortega afirmara que «no volverá a haber elecciones en el país» que preside desde 2007, y adelantara futuras leyes para impedir cualquier comicio.
Ortega, exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979, gobierna Nicaragua desde 2007. A sus 80 años, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta tras ejercer como vicepresidenta entre 2017 y 2025, cargo extinto tras su promoción.
CRÍTICAS INTERNACIONALES
El proyecto ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI). Su directora para las Américas, Ana Piquer, alertó que la reforma constituye «un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos».
AI señaló que la reforma se suma a un «proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018», en las que, según organizaciones civiles y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas.
