SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización Nap Sove Ayih (en español, ‘‘Estamos Salvando a Haití’’) (NAPSA) acusa al gobierno haitiano de ‘‘irresponsable’’ por no ofrecer a sus ciudadanos residentes en la República Dominicana los documentos de identidad necesarios que les permitan aplicar para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PRNE) que finaliza el próximo 15 de junio.
Los directivos de NAPSA, encabezados por Joseph Harold Pierre, temen que, agotado el plazo ofrecido por el PRNE, la actual crisis de las relaciones dominico-haitianas pueda empeorar.
Asímismo, aseguran que la crisis actual de las relaciones dominico-haitianas se debe a la mala gestión de ambos gobiernos de las consecuencias del asesinato del ciudadano de nacionalidad haitiana, Jean Claude Harry, cuyo cadáver fue colgado en el parque Ercilia Pepín de la ciudad de Santiago de los Caballeros el 11 de febrero pasado.
NAPSA, a través de sus representantes, solicita a las autoridades dominicanas y haitianas aclarar las circunstancias en las que murió Harry para determinar quiénes fueron los verdaderos autores del crimen.
No obstante, calificaron de ‘‘habitual’’ la quema de las banderas nacionales en ambos países e invitaron a ambos pueblo a tener en cuenta que cualquier intento de rechazo por la profanación de los símbolos patrios que los representan es, ante todo, un acto de auto-desprecio personal o colectivo del agresor o del grupo que comete la deshonra.
En ese sentido, invitaron a ambos Estados a tomar medidas para evitar la publicación, en la prensa y en las redes sociales, de fotos y videos que envilecen a los dos pueblos, al tiempo que incitan al odio y la violencia. La organización denuncia las imágenes difundidas, las cuales son muchas veces fotografías o películas aisladas tanto del contexto actual como de la convivencia general de los dos pueblos.
Sobre la Convención de Viena
Conforme a los artículos 22, 29 y 30 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), NAPSA dice que es una obligación de los Estados receptores garantizar formalmente la inviolabilidad de los locales y la seguridad de los miembros del personal diplomático de todos los Estados acreditantes. Por lo tanto, es inaceptable que de un lado o de otro, la seguridad de los bienes, los locales privados y públicos y las vidas de los funcionarios no sea debidamente garantizada.
