SANTO DOMINGO. En la República Dominicana, Ángel Rondón es el nombre más vinculado al caso Odebrecht. En el acuerdo de colaboración arribado el pasado 16 de marzo entre el Ministerio Público y la empresa brasileña, el empresario y lobbista se menciona de forma particular cuando en el artículo 8 se detalla a quiénes no aplica ni beneficia lo pactado.
Él es uno de más de una treintena de funcionarios, exservidores públicos y demás civiles interrogados por la Procuraduría -sin que haya sometimientos judiciales- desde que comenzaron las investigaciones locales el 26 de diciembre de 2016 sobre los US$92 millones que Odebrecht pagó en el país para asegurar contratos públicos, conforme registra un documento de la Justicia estadounidense.
Ese dinero, Rondón alegó que lo recibió como pago por sus servicios de enlace comercial de la compañía. El día que el procurador Jean Rodríguez anunció en una rueda de prensa el comienzo formal de las investigaciones, otorgó 48 horas a instituciones del Estado para que entreguen los contratos que tuvieron con Odebrecht desde 2001, año en que se alega que la multinacional comenzó a pagar sobornos en el país.
El 28 de diciembre, la Procuraduría informó que recibió los documentos requeridos, y conversó por separado con el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
También con los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), Horacio Mazara; de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
