SANTO DOMINGO.- Según datos aportados por la Policia Nacional, en el periodo enero-junio de este año 2016 , un total de 1,356 miembros de la institución están siendo objeto de investigación por presuntas irregularidades en sus funciones.
Los rangos van desde asimilados, rasos, cabo sargento mayor, segundo teniendo y primer teniente, capitán, mayor, teniente corono y coronel.
Entre los motivos que los miembros de la Policía Nacional son enviados a la justicia figuran: exceso de autoridad, corrupción, agresiones físicas, violencia intrafamiliar, amenaza de muerte, servicio irregular, prestar armas.
Los datos fueron suministrado este martes por Participación Ciudadana (PC), quien presentó el informe “Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en el Ejercicio de sus Funciones”, nueva investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía.
Según los datos aportados por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional al Observatorio de PC, en 2015 se dictaron 1,882 medidas disciplinarias contra miembros de esta institución.
El 75% de los 513 agentes cancelados fueron separados del servicio por actos de corrupción y se impusieron distintas sanciones disciplinarias a 496 agentes. El 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13% fueron expedientados por agresiones y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad.
El exceso de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos por los que la institución policial envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.
El informe llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, ya que en el 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales 177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional.
ENVIOS A LA JUSTICIA.
El exceso de autoridad fue también la razón principal de los 764 expedientes enviados por la dirección Central del Asuntos Internos de la PN a la justicia el pasado año, seguido de la agresión física 21% y las amenazas de muerte 18% vertidas por los agentes.
“En este tipo de actuaciones merecedoras de ser sometidas a la autoridad judicial resultaron implicados agentes policiales de todos los rangos jerárquicos del escalafón”, dice el informe.
En 109 ocasiones la Dirección Central de Asuntos Internos no adopto ninguna medida disciplinaria o judicial tras las investigaciones pertinentes y se procedió al archivo de los expedientes.
En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en el país.
Rosalía Pérez, directora ejecutiva de PC, al presentar dicho informo dijo que “aunque justificadas como muertes en defensa propia y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron que estas ejecuciones extralegales son graves violaciones a los derechos humanos.
“Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación e impunidad gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho”.
Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, plantea que los fiscales del Ministerio Público, han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos.
Sin embargo, tal como manifestó la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos.
El Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04). En ellos, la Defensoría expresó su preocupación por los métodos represivos en las redadas barriales, exigió un mayor seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostró su indignación por los intercambios de disparos.
“La PN debe lograr una reforma estructural de modelo y cultura de actuación en el que primen la profesionalización y la recuperación de la confianza ciudadana”.
Seis DESAFIOS para lograr el control efectivo y democrático de actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad del Estado planteo PC:
Fortalecer el compromiso con la transparencia de las instituciones de la seguridad ciudadana, fortalecer el control disciplinario interno en la institución para erradicar las prácticas corruptas de los agentes.
Democratizar la depuración policial, trasladando a la justicia todos los casos que constituyan violación de las leyes y superar el secretismo e impunidad de la institución policial.
Fomentar un cambio de cultura de intervención en los asuntos de la comunidad en el que primen el respeto a la integridad personal y material, erradicando el uso ilegítimo de la fuerza y el abuso de autoridad.
Exigir al Ministerio Público el cumplimiento de su deber de oficio de velar por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en todas las situaciones en que resulten comprometidos por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, entre otros.
Rosalía Sosa Perez, coincidieron en afirmar sobre la Delincuencia, que no se atacado el punto focal, que es la inequidad social,pobreza, desigualdad social, políticas públicas, empleo, educación, y trabajar en la prevención, para bajar los niveles de violencias.
