Miguel José Moya, exasesor de la Procuraduría General de la República, y uno de los implicados en el caso Medusa, pagó la tarde de este miércoles el contrato de fianza de un millón de pesos, una de las medidas de coerción dispuesta por la magistrada Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La información fue confirmada a Diario Libre por Hirohito Reyes, uno de los abogados de Moya, quien indicó que su cliente pagó la fianza a las tres de la tarde y posteriormente fue liberado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La garantía económica ordenada por Romero asciende a un millón de pesos, en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, a la que se le paga un 10 o 12 % de la fianza, de acuerdo a lo informado por Reyes.
La magistrada dictó, además, contra el exasesor impedimento de salida y presentación ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) los días 30 de cada mes.
Según el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República le pagó a Moya casi 20 millones de pesos por servicios de capacitación en talleres y seminarios de formación de liderazgo sin este haberlas impartido.
Recientemente, Moya indicó en un video que el contrato que tenía con la institución “establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, seminarios”.
Sostuvo que dicho programa debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. “Nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y colaboración cuando ellos lo requirieron”, manifestó.
El imputado añadió: La interpretación que se hizo del contrato “nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como fraude. Los magistrados consideran que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían, además de la parte de Recursos Humanos, el acompañamiento y orientación en la conducción de crisis que sucedían de manera frecuente, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución”.
Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien cumple la medida en la cárcel de Najayo.
La magistrada, que declaró el caso complejo como pidió el Ministerio Público, dispuso que también fueran enviados a Najayo Hombres los imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Solano y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
En tanto que cumplirán prisión domiciliaria por 18 meses Altagracia Guillén, Rafael Mercedes y Jenny Marte.
