SANTO DOMINGO (AP) — Tras haber permanecido en República Dominicana los últimos 12 años, el haitiano Romain Renelus teme que la nueva disposición migratoria que lo obliga a realizar el lento y costoso trámite de residencia lo ponga, como a miles de inmigrantes, en riesgo de perder su trabajo y ser deportado.
“Resolver el costo de eso (el trámite) es muy duro para nosotros”, dijo Renelus, de 40 años, mientras limpiaba el jardín del condominio de un sector residencial de Santo Domingo, donde gana 235 dólares al mes por su trabajo como portero de 6.00 de la mañana a 6.00 de la tarde.
El nuevo reglamento de migración, cuyos plazos de aplicación entraron en vigencia oficialmente el 1 de junio, exige que todos los extranjeros, incluidos los miles de haitianos ilegales, tengan permiso de residencia y, por primera vez, establece multas de entre 1.500 y 7.900 dólares a los empresarios que contraten a inmigrantes sin permiso migratorio.
La medida plantea un duro desafío principalmente a los cientos de miles de haitianos que durante décadas han emigrado sin documentos a la vecina Dominicana, donde representan la mano de obra mayoritaria, entre albañiles, peones en el campo, porteros y vendedores ambulantes.
Las nuevas disposiciones buscan organizar el “caos que genera el actual estatus de ilegalidad del mercado laboral, que se nutre de mano de obra extranjera” sin permiso migratorio, explicó el director de Migración, José Ricardo Taveras.
