El movimiento Marcha Verde advirtió hoy desde que las plantas a carbón de Punta Catalina forman parte del cuerpo del delito de las operaciones ilegales de Odebrecht y sus aliados políticos y gubernamentales en República Dominicana.
En el marco de la primera Jornada Popular por el Fin de la Impunidad, que se realizó en el sector Capotillo, el movimiento aseguró que la adjudicación a Odebrecht del contrato de Punta Catalina por parte del gobierno debe investigarse tomando en cuenta el patrón internacional de corrupción de la constructora; la denuncia de sobrevaluación de otras empresas que participaron del concurso de licitación.
Señala que también se debe tomar en cuenta el señalamiento de soborno congresual para la reelección presentado por la entonces diputada Minou Tavárez Mirabal; y las recientes advertencias sobre irregularidades penales del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, miembro de la comisión testimonial.
“Esta semana el país espera los nombres de todos los sobornados por Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014. Pero también estamos a la espera de que se investiguen todas las sobrevaluaciones y el posible financiamiento ilegal de campañas electorales dominicanas por parte de la empresa”, destacó la agrupación antes de que decenas de sus integrantes recorrieran las calles de Capotillo para promover la lucha por el fin de la impunidad.
Los dirigentes populares y de la Marcha Verde en Capotillo propusieron que, después de procesar a los responsables, la Justicia dominicana recupere los US$92 millones pagados en sobornos para que sean invertidos en la mejora de los servicios básicos en los barrios y campos más pobres del país.
Los comunitarios de Capotillo aseguran que con sólo una mínima parte de estos recursos el Gobierno podría construir las dos estancias infantiles, la escuela, el polideportivo, la calle de El Túnel, y otras obras de primera importancia reclamadas hace años por la población del sector capitalino.
Las jornadas populares por el fin de la impunidad se extenderán por los principales barrios y zonas rurales de República Dominicana. En la próxima semana el colectivo dará a conocer los sectores que continuarán el proceso en el Distrito Nacional y el resto de las provincias.
