SANTO DOMINGO. El Colegio Médico Dominicano (CMD), las sociedades médicas especializadas y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) se unieron y en conjunto apoderaron al equipo jurídico del gremio para analizar las graves implicaciones que tiene la resolución del Ministerio de Salud Pública que crea el reglamento que busca reducir la muertes maternas e infantiles.
Alegan que la normativa es de carácter administrativo y choca con derechos fundamentales consagrados en la Constitución y con acuerdos internacionales de los que son signatarios.
“Salud Pública lo que debe preocuparse es por suplir de insumos y equipos médicos para poder dar una respuesta de calidad a todos los pacientes que acuden a los hospitales del país, que ya no aguantan más parches”, dicen las entidades médicas en un comunicado.
El presidente del CMD, Wilson Roa, dijo que una muestra de ese deterioro es la falta de un tomógrafo en el hospital infantil Arturo Grullón, de Santiago, desde hace ocho meses.
Asegura que los 13 dispositivos que tiene la resolución como marco jurídico viola varias partes de las leyes en que se sustenta, al otorgarse el Ministerio de Salud Pública categoría penal para, entre otras cosas, plantear la cancelación del exequátur a los médicos o penalizarlos en caso de muertes maternas e infantiles.
“Basta ya de buscar culpables entre los médicos, respeten los acuerdos y cumplan la ley”, expresan los médicos en su comunicado.
