SANTO DOMINGO. Juristas y organizaciones de la sociedad civil plantearon la necesidad de aplicar medidas que garanticen la aplicación de sanciones y el cumplimiento de las leyes que erradiquen la impunidad.
Dentro de ellas se habla de una cumbre especial para consensuar políticas contra la corrupción y la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para suplir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció la celebración de una cumbre con el objetivo de evaluar, consensuar y presentar correctivos a los recientes reclamos cívicos, donde se acuerden los cambios y las reformas institucionales necesarias para garantizar un combate eficiente en contra de la corrupción.
La entidad de sociedad civil afirmó que es necesario el establecimiento de un régimen de consecuencias, con autoridades autónomas e independientes y en capacidad de desterrar la impunidad.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, llamó a la clase política, y en especial a los que gobiernan, a reflexionar sobre el despertar cívico que hoy mantiene a miles de dominicanos protestando por la corrupción sistémica que arropa el país.
Dentro de las reformas a consensuar, Vidal Potentini destacó la necesidad de legislar para instaurar la muerte civil y la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción administrativa, dotando al país con ello de herramientas eficaces para el combate y lucha contra la corrupción.
De acuerdo con la propuesta de la entidad, a todo aquel que sea condenado por corrupción en el manejo de la cosa pública se le debe inhabilitar de por vida para el desempeño de cualquier función pública.
Aplicar Constitución
Para el jurista José Alejandro Ayuso, el cese de la impunidad sólo se garantiza con el estricto cumplimiento de la Constitución y la generación de confianza en el sistema político dominicano.
Ayuso argumentó que es momento de reforzar la institucionalidad del país y la propuesta de una cumbre no va en esa dirección.
“Es mejor dar un voto de confianza al Ministerio Público y al Procurador que lucen estar haciendo su trabajo. Cualquier diálogo con la sociedad civil y/o la oposición que se canalice por el Consejo Económico y Social que es un órgano constitucional”, indicó.
Afirmó que los funcionarios públicos deben asumir que la Constitución establece límites al ejercicio del poder. Sostuvo que es un deber fundamental de toda persona acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y que esta ley de leyes proscribe y sanciona la corrupción administrativa.
“La confianza de la ciudadanía en los actores del sistema político se obtendrá cuando estos, sean de elección popular o por designación indirecta, sean personas honestas, capacitadas y con vocación de servicio público, y no el estándar del político criollo que, con excepciones que confirman la regla, utilizan el ejercicio del poder para provecho propio”, expuso.
