El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, refirió a los fundamentos de la medida cautelar adoptada por el pleno del organismo para suspender el “barrilito y el cofrecito” en el Senado y la Cámara de Diputados, como respuesta a los juicios externados hoy por la presidente de la Cámara alta, senadora Cristina Lizardo.
Rosario rehusó entrar en contradicción sobre la decisión con la presidente del Senado, quien aseguró que será en marzo cuando ese hemiciclo conocerá si acepta o no la medida adoptada por la JCE.
“No es una opinión mía, en El Nacional saldrá un comunicado con los fundamentos de la decisión, ya salió en el Listín Diario, firmada por los cinco miembros del pleno, por lo que sugiero tomarlo de ahí”, así respondió Rosario cuando se le pidió su reacción en torno a las declaraciones de Lizardo en el sentido de que defendía la soberanía del Poder Legislativo y recordó que esos recursos son parte del Presupuesto.
El pleno de la Junta dispuso suspender el Fondo de Gestión Social, o de cualquier otro tipo de asistencia o de naturaleza parecida, que reciban los legisladores al margen de otras compensaciones que les correspondan por el ejercicio de sus funciones, a partir de la fecha de la resolución y hasta el mes de junio del presente año.
La medida fue sugerida en el pleno por el presidente de la JCE, ante las denuncias de los partidos de oposición de que se usan los recursos del Estado en campaña.
En el fundamento de la medida señala que si bien es cierto que los fondos establecidos en este capítulo de gastos fueron aprobados en el Presupuesto General del Estado y que por tanto su uso puede estar revestido de la legalidad que le confiere este hecho, los congresistas son postulados nueva vez por sus partidos, lo que obliga a la JCE a tomar, en el período de campaña, esa medida cautelar para evitar que esos recursos sean usados en el proceso electoral en perjuicio de otros que no disponen de esa facilidad.
La JCE también prohibió a los partidos políticos, a sus dirigentes o militantes, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualquiera de los poderes del Estado o de los ayuntamientos, para fines de su campaña electoral.
“La JCE velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de la campaña y la transparencia”, señala la medida.