El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó al ministerio público realizar las diligencias de investigación, con motivo de la querella presentada en contra de la empresa panameña CVC ONE Inc, del Aeropuerto Internación de Bávaro, Abraham Haroury Toral, Rafael Fernández Castro y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, acusados de lavado de activos, asociación de malhechores y evasión fiscal.
El juez Rigoberto Sena acogió la solicitud de realización de diligencias de investigación hecha el 8 de abril del 2021 por la empresa de comercio Mahoe Trading LTD, representada por Mariano González, a través del abogado Jorge Lora Castillo.
Con la solicitud de las diligencias de investigación, la parte querellante procura que el ministerio público ordene a la Superintendencia de Bancos que requiera a todas las entidades que conforman el sistema bancario y financiero de la República Dominicana, un estado de situación y manejo de productos financieros de la empresa CVC ONE Inc, desde el año 2015 hasta el 2021; al igual que los del abogado Surún Hernández.
También, que solicite a la Dirección de Impuestos Internos, una certificación donde haga constar los pagos y retiros de pago de los tributos de las empresas y personas demandadas.
La querella fue interpuesta el 22 de febrero del 2021 ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Motivo de la querella
El abogado de la empresa Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo, explicó esa empresa adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo económico, en el cual recolectó más de US$300 millones, pero que no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.
