NUEVA YORK. El juez de origen dominicano Rafael Ovalles, juramentado como primer juez latino en el estado de Rhode Island y quien enfrenta una posible destitución, acusado por una comisión estatal de “déspota” y conducta antiética, pidió esta semana a la Corte Suprema Estatal que anule la decisión de los comisionados y la suspensión que se le impuso.
Ovalles, nacido en la República Dominicana, emergió como un abogado activista bien relacionado políticamente y pariente del entonces alcalde de origen dominicano, Ángel Taveras. Fue nombrado en la judicatura por el gobernador de la época.
En una petición escrita, Ovalles insiste en pedir que el tribunal rechace la recomendación de la comisión disciplinaria para que lo cancelen por mala conducta.
Ovalles presentó una petición cuestionando las conclusiones de la Comisión de Tenencia Judicial y Disciplina, por las que perdería su puesto de vida, debido a la degradación sexual que hacía al personal y a empleadas, además de abogadas, la incapacidad de comprender los conceptos jurídicos básicos y el maltrato a los que comparecieron ante él.
En la presentación de cuatro páginas, Ovalles se opone a la credibilidad de los testigos, a la presentación de pruebas, a las conclusiones de hecho de la comisión, al análisis de las acusaciones y a las alegaciones.
Ovalles también toma en consideración la negativa de la comisión de presentar mociones para que las acusaciones fueran anuladas y una petición de que la audiencia disciplinaria sea transmitida en vivo, así como los esfuerzos por recusar la participación específica de los miembros de la comisión.
También se opone a las conclusiones de la jueza de la Corte Superior de Justicia, Alice B. Gibney, antes de la audiencia, incluyendo una solicitud de acceso a las notas de una entrevista de un investigador a un testigo.
Afirma que el “criterio de prueba simplificado” de la comisión, a petición de Marc Desisto, que investigó y procesó las acusaciones, inhibió la capacidad de sus abogados de interrogar a los testigos.
El 9 de agosto la comisión publicó un informe de 239 páginas en que acusa a Ovalles de cometer 41 violaciones al Código de Conducta Judicial de Rhode Island.
