El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, expresó su preocupación respecto a los límites inferiores de las penas en el proyecto del nuevo Código Penal.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el magistrado advirtió sobre los riesgos asociados a la imposición de sanciones mínimas excesivamente altas, que podrían limitar la capacidad de los jueces para aplicar penas proporcionales a la gravedad de los hechos.
Vargas señaló que el texto en discusión contempla sanciones con mínimos que oscilan entre 10 y 20 años de prisión para ciertas infracciones, lo cual, en su opinión, restringe significativamente la facultad de los jueces para determinar las penas de acuerdo con los criterios de proporcionalidad establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal.
“Del nuevo Código Penal, en tránsito para ser convertido en ley, me preocupa la inflación del límite inferior de la pena imponible”, escribió el magistrado. “Se contemplan castigos con un mínimo de 10 y hasta de 20 años para algunas infracciones, lo que reduce significativamente la facultad de los jueces para aplicar los criterios de determinación de las penas”.
Vargas argumentó que imponer penas mínimas tan elevadas puede resultar injusto en casos donde la participación del acusado en el delito haya sido secundaria o de poca relevancia. En ese sentido, solicitó a los legisladores que reconsideren estos aspectos y otorguen mayor flexibilidad a los jueces para dictar sentencias más justas y proporcionales, ajustadas a las circunstancias de cada caso.
El magistrado dirigió sus observaciones directamente a las cuentas oficiales del Senado, la Cámara de Diputados, así como a los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos. “Creo que los legisladores deberían ponderar este aspecto, ya que podrían darse circunstancias en las que una persona resulte culpable de un hecho punible, y por su participación no relevante merezca un castigo de menor gravedad”, concluyó Vargas.
