SANTO DOMINGO. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Julio César Souffront Velázquez afirmó ayer que la ley de Extinción de Dominio no procura una acción penal, si no civil, va en contra del bien mueble o inmueble o el bien afectado, “sin embargo, bajo nuestra consideración, todavía nuestras instituciones no están suficientemente preparadas para asumir esto”.
“Yo sé que esto podría generar una controversia de opinión, pero cumplo con hacer esa observación, el cumplimiento de las leyes que tenemos en lo procesal y la ley 62-02 de Lavado de Activos, la 50-88, tienen herramientas que todavía no hemos podido articular efectivamente, y por eso es que se dan las situaciones”, dijo.
Agregó que en cuanto aquellas personas que son extraditadas, pero que luego vienen aquí para ostentando riquezas, “siempre he manifestado de que lo que se trata es que los tratados de extradición son un marco sustantivo, ahora bien lo que se necesita es son acuerdos bilaterales con los países de mayor recurrencia en término de extradiciones.
“Yo tuve la ocasión de viajar a Nueva York en el caso de Oreganito, y palpé y vi cuál era el trato allí, cuál era la condescendencia que se le tenía en términos de lo que eran sus bienes, pedí que me acompañara una parte de la Procuraduría Fiscal, no fue posible”, señaló.
Afirmó que antes de todo este proceso, la DNCD ubicó los bienes a este señor, y sometió la solicitud de requerimiento de que sus bienes fueran confiscados, “estamos hablando de una inmensidad de bienes muebles”.
Sin embargo, agregó, que cuando fue a Nueva York y habló con Oreganito, este le manifestó que ya había hecho un acuerdo previo, “y no puede ser que nosotros estemos como autoridades todas distante a esta problemática, pero no tomarlo como algo mediático, porque si revisan cadáver que viene un extraditable de esta categoría volvemos y debatimos el tema no estamos haciendo lo necesario para aplicar los fundamentos básicos de la normativas que nos rigen”.
