El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asumió este miércoles su propia defensa, iniciando con el cuestionamiento del poder otorgado por el presidente de la República, Luis Abinader, a los abogados que pretenden representar al Estado dominicano en el proceso.
El exfuncionario del gobierno de Danilo Medina entiende que, con la sola presencia y representación del Ministerio Público ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, instancia que conoce el juicio, el Poder Ejecutivo ya se encuentra debidamente representado.
Por tal razón, sostuvo que no tiene sentido la presencia en la sala de audiencias de los juristas del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Jean Alain Rodríguez comenzó a ejercer su defensa sin el uso de toga ni birrete, luego de que las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo lo autorizaran tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por su abogado, Carlos Balcácer.
La solicitud se realizó bajo el argumento de que Gustavo Biaggi Pumarol no pudo asistir por razones de fuerza mayor, mientras que la abogada Nelly Rivas tuvo que viajar de urgencia al interior del país.
Denuncia duplicidad e ilegitimidad en la acusación
Durante su exposición, el exfuncionario argumentó la existencia de una duplicidad e ilegitimidad en las calidades de las partes acusadoras.
Aseguró que el modelo actual presenta un escenario atípico en el ámbito judicial, donde coexisten distintas instancias que pretenden representar un mismo interés sin contar con la debida competencia funcional.
Rodríguez sostiene que la Constitución y las leyes determinan con claridad los objetivos legales dentro del centro de gobierno y la administración central.
En ese orden, afirmó que ciertos órganos extraordinarios deben actuar con independencia de los demás poderes, pero bajo un estricto marco de competencia exclusiva.
A juicio del imputado, la acusación comete un error de derecho al validar la presencia de múltiples actores que se atribuyen la personería jurídica del Estado de forma directa.
Adujo que, de acuerdo con la base institucional de la República, existen dependencias que “nunca han podido dar ni contar con las calidades” legales requeridas para personarse de ese modo ante las jurisdicciones de control.
Señaló de manera específica que en las páginas de la propia acusación digitalizada por el Ministerio Público se evidencian incongruencias sobre los criterios de la representación estatal, lo que a su modo de ver vulnera de forma directa la estructura del debido proceso.
