El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, salió al paso de los rumores que circulaban sobre una supuesta anulación del Reglamento que regula las encuestas en materia electoral, al afirmar que la normativa se mantiene plenamente en vigor.
Jáquez desmintió versiones que apuntaban a que el reglamento habría sido suspendido, inhabilitado o dejado sin efecto y explicó que ninguna de esas afirmaciones se corresponde con la realidad jurídica actual de la norma.
El funcionario detalló que la JCE recibió dos recursos de reconsideración contra el reglamento, presentados por presuntas violaciones constitucionales, uno interpuesto por la empresa ACD Media y otro por la organización Participación Ciudadana.
El pasado 18 de junio, el Pleno de la JCE decidió sobreseer, es decir, posponer o pausar el conocimiento de ambos recursos.
Jáquez explicó que esta pausa obedece a que, de manera paralela, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado por la Fundación Sin Fronteras de dos acciones, una medida cautelar y otra de impugnación, que solicitan la nulidad del mismo reglamento y persiguen idéntico objeto.
Por esta razón, la JCE decidió esperar a que el TSE emita su fallo, el cual tendrá carácter vinculante para la institución, con el propósito de evitar decisiones contradictorias entre ambos órganos electorales.
Cuestionado por los periodistas sobre el alcance de las sanciones previstas en el reglamento, Jáquez precisó que estas impactan exclusivamente a firmas
encuestadoras y partidos y organizaciones políticas.
El funcionario aclaró que la normativa no contempla sanciones para los medios de comunicación, periodistas o comunicadores de manera individual.
“La palabra presión no existe en el diccionario de la JCE”
Al ser consultado sobre si la institución ha recibido presiones para modificar o pausar el reglamento, Jáquez aseguró que la palabra presión no forma parte del vocabulario institucional de la Junta Central Electoral.
Reiteró que la decisión de sobreseimiento tomada el 18 de junio respondió estrictamente a criterios legales, en el marco del proceso que actualmente dirime el Tribunal Superior Electoral.
