La Procuraduría General de la República, interrogó ayer al exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Frank Rodríguez y al exadministrador de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano por el caso Odebrecht.
Rodríguez y Suero, quienes son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fueron interrogados por separado por el Procurador Jean Rodríguez y la titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero.
Rodríguez llegó a la Procuraduría pasadas las 11:00 de la mañana, e inmediatamente fue llevado por ante el despacho del Procurador, mientras que Milano acudió pasado las 3:00 de la tarde en compañía de sus abogados.
Rodríguez y Miliano, exfuncionarios durante el Gobierno de Leonel Fernández, se negaron a ofrecer declaraciones a los medios, prometiendo que a la salida del interrogatorio lo harían. Sin embargo, no lo hicieron.
Rodríguez y Milano fueron requeridos a fin de ser interrogados en torno a la investigación llevada a cabo a raíz de que Odebrecht admitiera que dio sobornos en el país por el monto de 92 millones de dólares para que le otorgaran contratos de construcción de obras.
Emplazan Procurador
Los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emplazaron ayer al Procurador para que solicite la colaboración inmediata tanto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como del Ministerio Público Federal de Brasil, en las investigaciones criminales locales y transnacionales que se siguen en el país en contra de Odebcreht.
Igualmente pidieron al jefe del Ministerio Público que solicite a Brasil las actuaciones que esta empresa y sus ejecutivos han llevado a cabo en territorio nacional con sobornos entregados a funcionarios públicos por la suma de 92 millones de dólares.
La diputada Faride Raful dijo que el Procurador está en la obligación de recurrir a las referidas jurisdicciones que han encabezado las investigaciones pertinentes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con tema de corrupción.
Raful se amparó en los acuerdos suscritos por el Estado para garantizar que las sanciones recaigan sobre los culpables, previo a investigaciones, que agoten los procesos que el tecnicismo jurídico y vigente permita.
