La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre que se valió de su condición de empleado de la Junta Central Electoral para robar equipos de esa institución.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dictó la medida de coerción a Aneudy Alexander Ferrand Abreu, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La Procuraduría ante la JCE, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad solicitaron la prisión preventiva.
La instancia de solicitud precisa que el 22 de mayo pasado, el imputado se presentó a una tienda de equipos electrónicos de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde vendió al propietario del establecimiento 22 mini CPU, o procesadores de computadoras, de la marca Hp Pro Desk 400 G4, con los seriales y códigos de la entidad responsable de los procesos electorales y del registro civil.
El órgano de justicia indicó que el 15 de julio, en horas de la madrugada, Ferrand Abreu penetró a otro de los locales del órgano electoral, ubicado en Las Colinas, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde se almacenan equipos de alto costo.
Detalló que una vez en el lugar le aseguró al guardia de la seguridad que se reuniría allí con otros empleados que se dirigían a Jimaní a dar un soporte técnico y, a los pocos minutos, salió del lugar con una mochila conteniendo varios mini CPU, entre otros dispositivos, los cuales introdujo en su vehículo, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.
“En fecha 19 de julio del año 2021, el imputado Aneudy Alexander Ferrand Abreu contactó al subencargado de Investigaciones ante la Junta Central Electoral con la finalidad de supuestamente entregar equipos que este había sustraído, siendo detenido en virtud de una orden de arresto que se había emitido en su contra”, señala el órgano de la persecución penal.
Al momento del arresto, el acusado conducía un vehículo en el que se le ocuparon 22 mini CPU, con sus cargadores.
Durante la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Esther González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral, quien sustentó la solicitud de prisión preventiva en diferentes evidencias testimoniales, documentales y materiales, así como en imágenes fotográficas.
El Ministerio Público les atribuye a estos hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal, así como el artículo 3, literales A y B, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
